Saltó a la fama en pocos días y rápidamente se calzó el uniforme de víctima. Vestido con el traje de "Superman", Cendoya aseguró que había "una campaña de desprestigio" en su contra porque sólo él podía salvar a Antel del "intento de desmantelamiento" del nuevo gobierno.

Cuando el Presidente Lacalle Pou y los líderes de la coalición tomaron conocimiento de la situación del abogado mujiquista, decidieron no enviar se venia al Parlamento, hasta que la Justicia se expidiese, eximiéndolo de responsabilidad.

Pese a la contundencia de la evidencia inicial, el MPP decidió mantener la postulación de Cendoya hasta último momento, intentando presionar al gobierno. La decisión de mantener la nominación llegó incluso a ser tratada por la bancada de senadores frenteamplistas, que por unanimidad decidieron respaldar al MPP y a Cendoya.

Cuando la situación se tornó insostenible, el propio Mujica se hizo el desentendido. "A Cendoya yo ni lo conozco, pero por la información que tengo es un hombre de lucha. Lo demás no sé...", dijo el expresidente. Llegado a ese punto, la izquierda desistió y presentó un nuevo candidato, que luego se integró, en representación de la oposición, a la estatal telefónica.

El martes de esta semana, tras varias horas de audiencia, el juez penal Fernando Islas imputó al "superhéroe" frenteamplista por tres delitos de abuso innominado de funciones. Junto al frenteamplista, también fueron imputados el expresidente de la Unidad Reguladora, Gabriel Lombide, el ex secretario general Oscar Mecol y la secretaria Luján Varela.

El fiscal de flagrancia Diego Pérez había pedido la imputación de Cendoya y sus cómplices hace más de nueve meses, tras una exhaustiva investigación que comenzó en junio de 2020, hace casi dos años. No obstante, una infinidad de recursos presentados por la defensa de los imputados dilataron el pronunciamiento de la Justicia.

Como el lector recordará, el episodio original es inverosímil. Un exfuncionario de la Ursec (Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicaciones), ingresó al local de la avenida Uruguay casi Julio Herrera y Obes, retiró varios documentos de su oficina, los trituró, y le entregó carpetas a una mujer, que se las llevó en un bolso. El hombre y la mujer trabajaban con Cendoya

Con el video de los hechos, las autoridades hicieron las denuncias correspondientes ante la Fiscalía, que dispuso allanamientos y pesquisas con la hipótesis que la acción estaría orientada a encubrir adjudicaciones ilícitas de las administraciones frenteamplistas.

La incautación de los celulares y las computadoras de los indagados por la causa de la destrucción de documentos permitió probar que, desde la Fiscalía, le filtraron información a Cendoya sobre la denuncia en su contra.

De acuerdo a lo informado por los investigadores del caso en ese momento, las pericias de los celulares determinaron que un funcionario infiel de Fiscalía -que luego intentó suicidarse- le envió los datos que sustrajo al asesor de Cendoya -investigado por destruir documentación oficial de la Ursec-, éste se los envió a su pareja -que casualmente es funcionaria de la Ursec- y ella se los hizo llegar a Cendoya.

El interés de este último por conocer la información filtrada, despertó sospechas sobre su participación en la destrucción de documentos.

En el interrogatorio, el Fiscal Pérez le preguntó a Cendoya si había hablado con el abogado acusado de destruir documentos oficiales antes, durante o después de que se presentara en la oficina a realizar dicho delito y Cendoya dijo que no. Sin embargo, en el sistema de video-vigilancia de la Ursec quedó registrado que el abogado estuvo reunido con Cendoya y su secretaria luego de destruir la documentación oficial.

Pero la trama estaba lejos de terminar. Tras investigaciones internas del nuevo directorio, se descubrió la participación de Cendoya en la habilitación ilegal de una radio en la localidad de Palmitas, en el departamento de Soriano. Por este caso, el fiscal Pérez convocó a declarar como testigos a varios funcionarios entre los que se encontraba un inspector de Ursec que sostuvo que Cendoya le ordenó devolver una serie de equipos de transmisión a la emisora, pese a que se le habían incautado por operar sin habilitación por dos años.

El segundo caso de la trama de las radios se conoció de inmediato. Según las pruebas aportadas a la Fiscalía, el exdirector mujiquista intercedió para proteger a una radio comunitaria de Salto que, durante las administraciones frenteamplistas, operó en infracción. La radio comunitaria Bemba FM de Salto comenzó a operar luego de una resolución firmada por el ese entonces Presidente, Dr. Tabaré Vázquez, el 5 de octubre de 2015.

De acuerdo a los testimonios del caso, cada vez que los inspectores de la Ursec concurrían a la radio comunitaria, debido a que estaba emitiendo con una potencia 80 veces superior a la que tendría permitido, los administradores de la emisora señalaban que habían sido autorizados por Cendoya para trasmitir en infracción.

En definitiva, Cendoya fue imputado por éstas tres causas. Según el artículo 162 del Código Penal, referente al "abuso de funciones en casos no previstos especialmente por la ley", el funcionario público que "...con abuso de su cargo, cometiere u ordenare cualquier acto arbitrario en perjuicio de la Administración o de los particulares... será castigado con tres meses de prisión a tres años de penitenciaría, inhabilitación especial de dos a cuatro años y multa de 10 UR (unidades reajustables) a 3.000 UR".

Por el momento, la defensa de Cendoya anunció que apelará el fallo, no obstante lo cual, la Justicia ordenó medidas cautelares para el involucrado, obligándolo a fijar domicilio e inhabilitándolo a salir del país por un período de tres meses.

Como en el caso del Sr. Sendic, recientemente procesado con prisión, Cendoya fue declarado "inocente" por el Frente Amplio. Todo parece indicar que nuevamente la Justicia indicará lo contrario. ¿Qué dirán ahora?