El "Carrera-gate" no tiene fin. El actual senador mujiquista, exdirector general del Ministerio del Interior, no sólo usó los recursos del Estado como propios para encubrir un delito, chantajeando e intimidando a las víctimas -pagando por su silencio- sino que también permitió que su pareja del momento se atendiera en el Hospital Policial.

Recordemos brevemente los hechos. Como analizábamos en estas páginas hace ya un tiempo, en 2012 un joven llamado Víctor Hernández recibió un balazo que lo dejó parapléjico. El Ministerio de Bonomi se abroqueló detrás de la historia oficial: el disparo provino de la casa de enfrente, donde se estaba celebrando el cumpleaños del entonces subcomisario Marcos Martínez.

Bajo esta hipótesis, y con el objetivo de silenciar a la joven víctima y a su familia, Carrera hizo pasar Hernández por Policía -inventándole un cargo- para que fuera tratado en el Hospital Policial, fuera trasladado en vehículos oficiales del Ministerio y recibiera una partida mensual de 20.000 pesos en tickets de alimentación.

Ante la falta de respuestas sobre el caso y advirtiendo el chantaje al que estaban siendo sometidos, la familia de la víctima le comunica a Carrera que va a convocar a la prensa. En tono amenazante, el actual senador le responde al hermano de Hernández, según audios que fueron divulgados en el programa Santo y Seña: "Escuchame una cosita. ¿Vos estás nervioso? Te vas de acá tranquilamente y no me jodas más. Y te vas a cagar. Te hubiéramos dejado en la calle. ¿Qué te venís a hacer el loco acá conmigo? ¿Quién te está dando una mano, con los tiques, con todo? Están recibiendo la mejor atención. ¿Qué te venís a hacer el atrevido conmigo acá? Ubicate, loco".

El tema viene siendo analizado por una comisión parlamentaria que indaga específicamente sobre las "presuntas irregularidades" ocurridas en la Dirección General del Secretaría del cuando esa oficina fue dirigida por el actual senador Carrera (el Frente Amplio no la integra aludiendo que su compañero es "víctima" de un "persecución política").

Del trabajo de la comisión han surgido recientemente nuevas pruebas que ponen en aprietos al Senador Carrera. En una comparecencia ante la comisión, un grupo de ocho peritos concluyó que no existen pruebas que permitan determinar que la bala que dejó paralítico a Víctor Hernández en 2012 salió de la casa en que vivía el entonces subcomisario de La Paloma, Marcos Martínez. El senador nacionalista Jorge Gandini, autor de la denuncia que dio origen al caso, aseguró que los técnicos estuvieron de acuerdo en que faltan pruebas fundamentales para llegar a un resultado fidedigno sobre el origen del disparo. De hecho, uno de ellos aseguró haber recibido "presiones" por parte de las entonces autoridades del Ministerio del Interior para que "diera un informe diferente" al que fue presentado.

Los especialistas destacaron ante los legisladores que la bala que hirió a Hernández nunca pudo extraerse de su cuerpo, y que en las pruebas que se le realizaron aparece aplastada y fragmentada, por lo que no se pudo determinar su calibre. Tampoco se pudo identificar el arma del disparo ni ubicar ninguna vaina en la escena del hecho.

En definitiva, los peritos señalaron que no existen pruebas para llegar a una conclusión fidedigna, lo que echa por tierra la tesis oficial de Carrera sobre el origen del disparo y la motivación de la ayuda ilegal que él y el extinto Bonomi proporcionaron a la familia.

Otro de los hechos por lo menos extraños, que también está siendo analizado por la comisión parlamentaria, refiere a la insistencia del hoy senador Carrera y de su equipo para que los Hernández comenzarán una acción civil por el caso. Durante una conversación divulgada por El País, hubo al menos 23 pedidos o sugerencias a la madre y el hermano de la víctima para que se consiguieran un abogado que entablara una demanda en contra del Ministerio del Interior.

En los audios a estudio, Carrera y Stella González, entonces directora de Asuntos Internos del ministerio (denunciada por falso testimonio por haber declarado como testigo que nunca se había reunido con Hernández, demostrándose luego que era falso), reconocen que lo que hacen no es legal y lo hacen por "ayudar" a la familia.

Finalmente, por si fuese poco, también se conoció recientemente que, al igual que sucedió con Hernández, la entonces pareja de Carrera fue atendida más de 42 veces en el Hospital Policial siendo ingresada como personal "autorizado" y en el grado "oficial subayudante" sin tener relación alguna con el Ministerio del Interior. Según la discriminación de los servicios, publicada por El País, la expareja del frenteamplista asistió al mencionado centro de salud por internación, asistencia de emergencia y retiro de medicamentos, con un gasto que asciende a más de US$ 26.000, un millón de pesos al cambio actual.