Preparando la nueva herencia maldita

El gobierno que asuma el 1º de marzo de 2020, sea del partido que fuere, heredará de sus dos predecesores un acumulado de déficit fiscal, deuda pública y estancamiento del aparato productivo (sin contar los déficits en seguridad y educación, entre otros) inconcebible luego de una década de crecimiento inédito.

En nuestro editorial del pasado 6 de julio señalábamos que el ominoso panorama fiscal “ha llevado a un mayor endeudamiento (entre el año pasado y éste, saltó del 60,5% del PIB al 66,9%), que sumado al incremento en la presión fiscal (que incluye no sólo las subas de impuestos sino también los incrementos de tarifas), ha conducido a comprometer severamente la competitividad del sector exportador y a reducir la rentabilidad de prácticamente cualquier emprendimiento productivo, lo que se ha traducido en la destrucción de puestos de trabajo”.

Todo eso golpea directa y fuertemente en el ciudadano de a pie, no se trata sólo de número “macro” (que a la larga también afectarán a los trabajadores). Veamos un par de ejemplos.

En el ejercicio fiscal pasado, las empresas públicas transfirieron al gobierno central la friolera de U$S 1.000 millones, o sea, dinero que podría haber permitido rebajar las tarifas o hacer inversiones en mantenimiento. En suma, esa brutal transferencia —dirigida a solventar el déficit fiscal— termina siendo pagada por la producción y por la gente.

En cuanto a la deuda pública, por estos días y a raíz de una publicación panameña, se ha “viralizado” el dato de que Uruguay se encuentra a la cabeza de los países en materia de endeudamiento per cápita: U$S 7.455 dólares. En realidad, se trata de una información dada a conocer en marzo de este año por una revista a partir de datos del Banco Mundial, el FMI y la CEPAL. Más allá del ranking, lo cierto es que la deuda pública uruguaya equivale al 60% del PIB y subiendo (subiendo más que el crecimiento del PIB). Ello pone en situación de creciente vulnerabilidad a toda la economía en caso de shocks externos y debilita el grado inversor, que es —justamente— el que permite endeudarse a tasas de interés más bajas.

Pero más allá de los efectos a futuro, también tiene efectos en el presente y en la vida cotidiana de decenas de miles de familias uruguayas. Cada emisión de deuda, supone una inyección de dólares en la economía que deprime el tipo de cambio, afectando la rentabilidad de las empresas exportadoras porque éstas ven incrementados sus costos en dólares, ya de por sí muy altos, pero no pueden trasladar esos incrementos a los precios porque quedarían fuera del mercado, así que se ven afectados tanto la rentabilidad como el empleo.

A todo ello sumémosle el efecto de las subas de impuestos del ajuste fiscal.

Como señalamos en nuestro editorial del 6 de julio, el gobierno no envía las señales adecuadas porque decidió tirar de la cuerda un poquito más en esta Rendición de Cuentas, que debió ser de austeridad fiscal, entendiendo por ello no un pequeño aumento de gasto sino comenzar con el recorte de éste.

Todo parece indicar que el gobierno ha arrojado la toalla y ha optado dejarle todos los deberes a su sucesor. Queremos pensar que no lo hace con la secreta y maquiavélica esperanza de que la oposición triunfe en las elecciones y deba pagar el costo político de hacer todo aquello que el actual gobierno ha decidido no abordar.

Si ese fuera el caso, que al oficialismo no le quepa duda de que, con empeño patriótico, se tomarán las medidas que se deban tomar, honrando la legitimidad ciudadana surgida de las urnas. Algo que en el actual gobierno también quedó en la columna del “Debe”.



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