La diputada Susana Pereyra, histórica dirigente del Movimiento de Participación Popular, ha sido acusada de abusar de su posición de poder para pedir traslados de reclusos con profusos antecedentes penales cuando gobernaba su partido y su marido, el extinto ex Ministro Bonomi, lideraba Interior.

De acuerdo con los chats entregados al Ministerio del Interior por el exdirector del Instituto Nacional de Rehabilitación, Gonzalo Larrosa, Pereyra le solicitó al menos tres traslados de presos a otros centros penitenciarios, sin seguir los procedimientos correspondientes.

Entre los presos que la diputada Pereyra quiso trasladar se encuentra Emiliano Corbo, un barrabrava de Peñarol que en 2018 sacó un revólver y disparó a otro joven luego de una riña que se dio en un partido de fútbol; así como José Luis Mattos y Damián Garaza, quienes cuentan con una larga lista de indagatorias por diferentes delitos y han sido condenados al menos en una oportunidad.

Mattos fue condenado en 2016 por tres delitos de rapiña consumados y una tentativa del mismo delito. En un chat con Larrosa, Pereyra le sugiere que se realoje a Mattos en otro módulo, a lo que Larrosa le responde que lo analizará para ver si no pone en riesgo la vida del recluso.

Garaza, por su parte, fue condenado por tentativa de homicidio complejo especialmente agravado. Pereyra no lo refirió con nombre y apellido, pero le pasó a Larrosa el número de expediente que lo tiene a él como imputado.

Según consta en la sentencia que El Observador divulgó recientemente, el delincuente al que Pereyra solicitaba trasladar había tenido un "cruce de miradas" con otros sujetos a los que baleó. "Fui a mi casa a agarrar un revólver porque estaba caliente... volví a la casa de ellos y ellos salían supongo a buscarme, frené y les tiré. Habré realizado no sé cuántos tiros, creo tres tiros como a media cuadra... tiré en dirección a ellos... era un 38", se sinceró en su momento.

No hay dos lecturas. La actitud de la diputada Pereyra es inaceptable. Pedir traslados de reclusos con antecedentes penales, aprovechándose de una posición dominante (como legisladora y como esposa del Ministro del Interior de la época), pone en peligro a la sociedad. Es importante que se investigue este caso a fondo.

Como el lector recordará, no es la primera vez que la referida legisladora se ve envuelta en casos de dudosa legalidad. Sin ir más lejos, durante el mes de noviembre de 2021, un efectivo de la Guardia Republicana que fue arrestado por tráfico de armas se encontraba prestando funciones -mediante el instituto del "pase en comisión"- en la oficina del Parlamento de la diputada Pereyra. Más lejos en el tiempo, recordemos que en 2016 dos periodistas de El Espectador acusaron a la misma legisladora de informar a integrantes de la barra brava de Peñarol que sus teléfonos estaban intervenidos, asegurando que existían audios que lo compraban.

En fin, lo del título...