Tras inclinarse por el "camino largo" y demorar el inicio de recolección de firmas debido a diferencias internas, el bloque opositor, nucleado en la Comisión Pro Referéndum contra la LUC, reclama un "gesto republicano" al gobierno, solicitando extender el plazo de recolección de firmas. Cuando uno pensaba que no había espacio para más inmoralidad, como ofrecer comida a cambio de firmas o instalar puestos de recolección de firmas en vacunatorios, la oposición pretende embarcar a todo el sistema político en una clara violación de la Constitución de la República, a la que increíblemente llama "gesto republicano". El pasado jueves 25 de marzo, la Comisión Nacional Pro Referéndum para derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), emitió un comunicado en el que solicita "ampliar el plazo correspondiente de recolección de firmas", alrededor de 700.000, "bajo el principio jurídico de que al impedido por justa causa no le corren plazos, y en similitud del corrimiento de la fecha de las elecciones departamentales".
Una semana después del comunicado, el secretario general del Pit-Cnt, Marcelo Abdala, señaló, entrevistado para el programa Así nos va de Radio Carve, "sería un gesto republicano y democrático [la extensión del plazo]; si tú aconsejas detener movilidad, da más tiempo para conseguir las firmas".
En la misma línea se expresó el Secretario Político del Frente Amplio, Rafael Michelini, el pasado martes 6: "Las firmas se juntan una a una, en los barrios, con aglomeración. De modo que estamos impedidos, y no podemos ejercer plenamente el artículo que nos permite ir a referéndum".
Como el lector podrá apreciar, los argumentos manejados por el bloque antigobierno son por demás inconsistentes. Como aseguró el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado, que resolvió rechazar la propuesta de aplazamiento por inconstitucional, el artículo 79 de la Constitución es claro en fijar "el año de su promulgación" como plazo para la interposición de ese recurso. No hay dobles interpretaciones, los plazos son los plazos, como analizamos en nota aparte.
Por otra parte, como acotó el abogado constitucionalista Martín Risso en una entrevista para El Observador, la postergación de las elecciones departamentales no sirve como antecedente porque cuando se decidió lanzar la campaña de recolección de firmas, el 29 de diciembre, la pandemia ya estaba instalada y, por lo tanto, se tendría que haber considerado esa circunstancia. Algo totalmente distinto al acto eleccionario departamental, cuya fecha es estática e independiente de la coyuntura.
Si pasamos de lo jurídico a lo estrictamente político, el peso de los argumentos opositores es incluso menor. Repasemos la película completa. Todo comenzó cuando, al inicio de la pasada campaña electoral, el Dr. Lacalle Pou dijo que, en caso de ganar, buscaría aprobar una LUC para aplicar parte de su programa de gobierno.
En ese entonces, como el lector recordará, el Frente Amplio y el Pit-Cnt arremetieron en contra de la idea asegurando que existía un "programa oculto". Pese a los innumerables fantasmas agitados, la coalición se impuso en las urnas. Durante la transición de verano, cuando la pandemia parecía lejana, el gobierno electo publicó en todos los medios el anteproyecto de ley para que la oposición tuviera el tiempo suficiente para analizarlo. Aunque resulte obvio: no había nada "oculto", el texto reflejaba las principales propuestas por las que la coalición había resultado victoriosa.
Del "programa oculto" pasaron rápidamente a lo "inconstitucional". El respeto con el que se siguieron los procedimientos para elaborar y aprobar este tipo de legislación, desactivaron rápidamente los "argumentos" frenteamplistas, que declinó de presentar un recurso de inconstitucionalidad.
Bajo el slogan "lo urgente es la gente", el Frente Amplio y sus satélites sindicales y sociales intentaron retrasar la llegada del proyecto al Parlamento con la excusa de una emergencia sanitaria que nunca respetaron. Con el comienzo de su tratamiento en abril, la excusa de la pandemia quedó atrás y sus militantes se aglomeraron, marcharon y aprovecharon cualquier oportunidad para alzar sus carteles en contra de la LUC.
Felizmente, pese a su retórica tribunera, el Frente Amplio votó 241 artículos de la LUC, que contiene en total 476 artículos. Es decir, más del 50% del texto propuesto por la coalición. No obstante, junto al Pit-Cnt, que había creado la famosa "Intersocial" que se estrenó con un "caceroleo" al gobierno, decidieron iniciar las gestiones para imponer el recurso de referéndum.
¿Por qué, si la LUC se promulgó el 10 de julio de 2020, la campaña oficial de recolección de firmas comenzó el 29 de diciembre? ¿Por qué, habiendo un "camino corto", que permite interponer el recurso con menos firmas, se optó por el "camino largo"? ¿Si es tan difícil conseguir firmas debido a la pandemia, cómo se explican las 250.000 que presentaron el mes pasado con bombos y platillos?
Comencemos con la primera incógnita. Luego de la promulgación de la LUC, el Frente Amplio y el Pit-Cnt perdieron más de seis meses debido a diferencias internas. El Frente Amplio, con su decisión de votar más de la mitad de la legislación propuesta, puso en aprietos a sus socios sindicales y sociales. La discusión para seleccionar los artículos a derogar estuvo marcada por el conflicto.
Tal es así, que el presidente del sindicato de telecomunicaciones, Gabriel Molina, llegó a declarar que le importaba "un carajo" lo que había votado el Frente Amplio en el Parlamento. En la misma nota de prensa, el sindicalista aseguró que "pesaba" la postura de "los que yo voté no me los toques" del Frente Amplio y reconoció que, debido a esta y otras discrepancias, "se ha demorado mucho" [la recolección de firmas]. Finalmente, para destrabar el conflicto, el Frente Amplio decidió acompañar la posible derogación de un conjunto de artículos que votó en el parlamento.
Igual de tensas fueron las negociaciones para escoger el camino para llevar la LUC a consulta. Según la legislación, son dos. Por un lado, el "camino largo" que supone juntar unas 700.000 firmas (el 25% del padrón electoral) y convocar la instancia seis meses después. Por otro, el "camino corto" que implica recolectar 50.000 firmas (2%) dentro de un plazo de 150 días desde la promulgación de la ley, llamar a una elección y conseguir el 25% de adhesión para realizar el referéndum posteriormente.
Mientras los sectores moderados del Frente Amplio -Vertiente Artiguista, Asamblea Uruguay y Fuerza Renovadora- estaban a favor de juntar las 50.000 firmas para los primeros días de diciembre, tomando así el "camino corto", el Partido Comunista del Uruguay y el Socialista, con el apoyo del Pit-Cnt, se inclinaban por el "camino largo", que finalmente terminó prevaleciendo.
Según una crónica de El País, fuentes del Frente Amplio reconocieron que, mientras los que prefieren el camino corto temen que no se alcancen las firmas, los que prefieren el camino largo están confiados y pretenden, con ello, "mantener al Frente movilizado en todo el país por un período considerable en el tiempo".
Con la evidencia sobre la mesa, queda claro que la coalición de gobierno ni es culpable de las diferencias internas de sus adversarios, que fueron las que los hicieron perder la mitad del tiempo establecido por la Constitución, ni de la confianza que estos se tengan para juntar 100, 200, 50.000 o 700.000 firmas, que parece ser el problema de fondo.
Vayamos entonces al último punto. Según la Comisión Nacional Pro Referéndum, el principal impedimento es la pandemia. Resulta de mal gusto que, los mismos que montaron más de un espectáculo de aglomeración durante el tratamiento de la ley, hoy argumenten que no pueden, civilizadamente y sin aglomerarse juntar firmas. De hecho, es lo que ha sucedido hasta el momento.
Por fortuna, en nuestro país no se han implementado medidas prontas de seguridad -único estatuto jurídico que permite una cuarentena general obligatoria o un toque de queda nocturno como han reclamado desde la oposición- y nadie ha sido impedido de firmar o juntar firmas.
Desde estas páginas, reafirmamos nuestra posición contraria a cualquier intento de pisotear la Constitución y las Leyes. No obstante, hacemos un llamado a la Comisión Nacional Pro Referéndum para que continúe, como hasta ahora, trabajando para cumplir su objetivo. Nadie lo impide, ni lo impedirá jamás. Ese es el verdadero gesto republicano.