Edición Nº 705 - viernes 23 de febrero de 2018        

Omisión y silencio oficial ante la ola delictiva

La sociedad se ha conmovido por los asesinatos y las asonadas que se produjeron en los últimos días y tiene un sentimiento de desamparo ante la ausencia oficial.

El crecimiento dramático de la tasa de homicidios, las sangrientas represalias entre bandas de narcotraficantes y las asonadas en importantes y transitadas avenidas, han pautado en los últimos días un preocupante incremento de la inseguridad, ante lo cual llama la atención —y provoca desolación— el silencio y la inacción de las autoridades.

Hasta el momento de escribir este editorial, ni el Ministro de Interior ni el Presidente de la República se han referido a esos hechos del fin de semana último, ni siquiera para expresar un mínimo sentimiento de condolencia ante el terrible asesinato de la cajera del supermercado, Florencia Cabrera. El Presidente Vázquez salió en televisión para hablar de la organización del campeonato mundial de fútbol de 2030 y luego le vimos en su alterada intervención callejera ante los productores. El Ministro Bonomi, cuya presencia en los informativos es habitualmente abusiva, se llamó a un ominoso silencio. La Justicia no procesó a ninguna de las personas que cometieron furiosas asonadas en Avenida Italia primero y en Avenida Dámaso A. Larrañaga después, pese a que varias de ellas fueron detenidas y filmadas. Mientras tanto, se informó que bandas de narcotraficantes volvieron a imponer “su ley” en Casavalle, desalojando a varias familias para utilizar sus viviendas como bases operativas. No hubo reacciones de la Justicia o de la Policía ante esta última denuncia, que expresa la derrota parcial o definitiva de la presencia estatal.

La persecución del asesino de la cajera Florencia Cabrera, Christian Pastorino, “el Kiki”, da cuenta también de una serie de omisiones. La Policía lo venía persiguiendo sin éxito desde diciembre, cuando asesinó a su mujer, pero esa búsqueda no dio resultados, lo que fue señalado por la Fiscalía, que había dispuesto cinco órdenes de allanamiento para apresarlo, antes de que cometiera su nuevo asesinato. Finalmente, el Ministerio tuvo que poner a un equipo especial en la búsqueda del joven delincuente —relegando a los policías que hacía dos meses que lo buscaban— y en tres días se le ubicó y acorraló. Esa crónica provoca desconfianza y sospecha.

Ante esta cadena de desgracias, la población siente temor y prevalece un sentimiento de desolación, ya que sufre la abdicación de las obligaciones del Estado, que debe cuidar la vida de las personas y combatir dura y eficazmente al delito, exactamente lo contrario de lo que ocurre cotidianamente.

La actuación del Ministro Bonomi ya ha sido suficientemente juzgada. Campeón de la cultura del “yo no fui” —hasta llegó culpabilizar a las víctimas de robos y asesinatos— está resignado ante las violentas operaciones del narcotráfico, con las cuales claramente no puede. Es vergonzoso que el Estado no pueda intervenir con toda su fuerza legal y moral en esas cinco manzanas de Casavalle donde, según el Fiscal de Corte Dr. Díaz, se producen la mitad de los asesinatos que se registran en el país. Pero el Ministerio aparece también en retirada ante la ola de asesinatos y asaltos y es indudable su omisión respecto a la custodia de los comercios, para lo que el Ministro Bonomi había prometido las tareas de un grupo especial de policías eventuales, lo que nunca se concretó. Así como Bonomi sostenía la increíble tesis de que la Policía no debía actuar en los espectáculos deportivos, es posible que ahora argumente que no puede ni debe custodiar los comercios, aunque ellos sean escenarios de viles asesinatos de clientes o de comerciantes.

No hay soluciones fáciles para encarar este proceso. Los tremendismos que se plantearon estos días —medidas prontas de seguridad, pena de muerte, presencia militar en las calles para combatir a los delincuentes— terminan siendo irresponsables porque ninguno de ellos prosperará con la actual integración del Parlamento, además de que cada uno de esos extremos puede ser de discutible eficacia y, a la vez, acarrear otros males tal vez peores. Pero del otro lado, la omisión oficial se parece cada vez más a una ceguera cobarde: los gobernantes no quieren ver lo que pasa, no quieren escuchar, no quieren enterarse, aunque sigan siendo asesinadas personas inocentes.

Todos sabemos que estos dramas empezaran a enmendarse cuando haya un cambio de gobierno que asuma con responsabilidad y eficacia sus obligaciones básicas. Pero mientras ello ocurre, corresponde reclamar de los actuales gobernantes un mínimo de sensibilidad y de presencia para garantizar algunas metas que son elementales: el Estado debe apresar a los delincuentes y recluirlos durante muchos años, la Justicia y la Policía deben estar y actuar en todo el territorio, sin “zonas liberadas”; la vida de las personas debe ser preservada como el bien principal y el gobierno debe por lo tanto desplegar todos los medios legales a su alcance con esos objetivos, sin excusas ni pretextos. El gobierno no puede —ni debe— renunciar a sus obligaciones, que son sus fines primarios, dejando el campo libre a los delincuentes.


Al agravio no se responde con desbordes

El incidente del pasado lunes en la puerta del Ministerio de Ganadería mostró a un grupo de ciudadanos desbordados, que interpelaron de malos modos e insultaron al Presidente, pero éste, descuidando su investidura, se comportó de modo impropio.

Más allá de discrepancias con sus ocasionales titulares, incluso si son profundas, las investiduras republicanas deben respetarse. En especial, la del Presidente de la República. Increpar en mal tono o —aún peor— insultar al Presidente, significa no entender la importancia simbólica de su investidura para la vida institucional y, también, implica no entender el código básico de convivencia democrática de que las personas deben respetarse en toda circunstancia, más allá de lo que nos parezcan sus ideas y acciones políticas, las que siempre deberán estar sometidas a la crítica, incluso la más virulenta.

Pero si los ciudadanos deben respetar las investiduras, los ocasionales titulares de éstas deben hacerlo por partida doble. Por más seres humanos que sean, éstos - sirviendo a la responsabilidad institucional de que son portadores— deben extremar los cuidados en este sentido, porque la investidura habla y actúa a través de ellos.

Pues bien, más allá de que entendamos que el Dr. Vázquez es un hombre como cualquier otro y tiene sangre en las venas, no podemos celebrar su salida de tono, como lo han hecho muchos de sus partidarios. El Presidente de la República no puede enzarzarse en una disputa para ver quién grita más fuerte y quién agravia más. Tabaré Vázquez podrá hacerlo si le parece, pero cuando ya no esté investido como Jefe de Estado.

A raíz de este incidente, por estos días se ha recordado cuando al mediodía del 3 de junio de 2002, luego de haber inaugurado un liceo en la Unión, el Presidente Jorge Batlle fue salivado e insultado por un grupo de manifestantes. El Presidente mantuvo la compostura, como era su deber.

Mujica ya se encargó de hacerle mucho daño a la investidura presidencial. Vázquez, que pareció siempre tratar de rescatarla, debería retomar la buena senda de respetarla, sin incurrir en “barrabravismos” ni en peligrosas revanchas personales.


Así no, señor Presidente

Por Santiago Torres

Reproduciendo el patotero estilo kirchnerista, la Presidencia de la República  difundió el pasado martes un comunicado escrachando a uno de los colonos que increpó al Presidente Vázquez en la puerta del MGAP, divulgando su nombre, sus deudas y sus problemas con el Instituto Nacional de Colonización, los cuales se están dirimiendo en la Justicia.

Durante su mandato, la Presidente argentina Cristina Fernández de Kirchner utilizaba información privilegiada de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para “apretar” y “escrachar” a gente que le incomodaba de alguna manera. No sólo lo hizo más de una vez, como cuando escrachó al “abuelito amarrete” por cadena nacional de radio y televisión o a un empresario inmobiliario sino que lo consagró como un modus operandi permanente.

Me pregunto si el gobierno uruguayo ha decidido emprender un camino análogo. Porque una cosa es que uno o varios ciudadanos se hayan desubicado y e increparan en forma irreverente al Presidente Vázquez y a su investidura. Eso ya lo abordamos en otra nota de esta edición de CORREO. Pero de allí a que desde la Presidencia de la República se indague en las carpetas del Instituto Nacional de Colonización (INC) y luego se proceda a escrachar a uno de esos ciudadanos desde la web de la Presidencia de la República, ya pasamos de castaño a oscuro.

El Presidente de la República —como cualquier gobernante— está cargado de más deberes que el común de los ciudadanos. Un ciudadano corriente puede desubicarse, el Presidente no. El Presidente no puede ordenar el escrache de un ciudadano, por peor haya sido su conducta, la cual —de tener apariencia delictiva— eventualmente deberá ser materia a dilucidar por el Poder Judicial, que para eso está.

¿Qué mensaje, entonces, pretende dar el Presidente? ¿Que en adelante quien ose interpelarlo verá publicadas sus miserias en la web de la Presidencia de la República? Eso es peor que un insulto callejero. Es emplear el poder del Estado para tomarse revanchas y amedrentar, lo cual —no habría necesidad de explicarlo— es incompatible con los fundamentos de la república porque constituye una forma de apropiación indebida del Estado.

No, Presidente, así no. No se deslice por ese terreno fangoso.


Poder Judicial desmintió a Bonomi dos veces en una semana

Nunca ocurrió en la historia de la República que el Poder Judicial desmintiera enfáticamente a un Ministro de Interior.

El Ministro de Interior, Eduardo Bonomi, maneja las cifras del delito a su antojo, tratando de mostrar que las rapiñas y los asaltos bajan. Lamentablemente, los hechos sangrientos lo desmienten todas las semanas.

Pese a ello, Bonomi se muestra imperturbable ante la televisión, sin asumir nunca sus responsabilidades. A propósito de la suba de los delitos en los últimos meses, dijo que la aplicación del nuevo código del Proceso Penal y la liberación de presos dispuesta durante la última Visita de Cárceles, efectuada en noviembre, eran las causas del incremento delictivo.

Ante esta última afirmación, la Suprema Corte de Justicia lo desmintió, asegurando que ninguna de las personas liberadas había cometido nuevos delitos, lo que puede confirmarse en los registros disponibles tanto en el Ministerio como en el Poder Judicial. El comunicado de la Suprema Corte fue del 8 de febrero. Pero el Ministro no se dio por enterado y en una segunda intervención ante la prensa insistió con el concepto, ante lo que la Suprema Corte emitió un segundo comunicado, el viernes 16 sosteniendo que el Ministro manejó una “premisa infundada” y que sus expresiones “carecen de todo fundamento”, dado que “sigue sin poder sostener sus dichos con pruebas que lo respalden”.

Es la primera vez en la historia del país que un Ministro de Interior es desmentido en forma tan contundente –y en dos oportunidades– por la Suprema Corte de Justicia.


Idus de febrero

Con ese título, el Dr. Julio María Sanguinetti publicó en el diario El País de Montevideo una columna –que acá reproducimos– en la que analiza los hechos de un convulsionado verano.

El año uruguayo está empezando con un ruido casi ensordecedor. Que no es distinto en el mundo, aunque los del Norte, muertos de frío en medio de tormentas de nieve, no viven en ese clima de vacaciones que sobrevive en esta nuestra Semana de Carnaval.

Hace 45 años todavía se decía que en verano no pasaba nada. Y pasó: comenzó el golpe de Estado, en aquel "febrero amargo" en que nuestro país vio por vez primera los tanques del Ejército en la calle, asediando a la Ciudad Vieja, defendida con una barricada que la Armada —al mando del bien recordado vicealmirante Zorrilla— había establecido para defender la legalidad. Fueron días dramáticos. Allí quedó el poder civil subordinado al poder militar, inaugurando una situación dictatorial. En aquel momento dramático, el Frente Amplio todo se adhirió al golpe, porque el dilema no era "entre la Constitución y la dictadura" sino entre el "pueblo y la oligarquía", cuando "el pueblo", según ellos, eran los sindicatos y los "uruguayos honestos, civiles o militares". Quisieron subirse al carro, con oportunismo político y debilidad democrática, y pareció que en esos días de febrero lo lograban. La mayoría militar más adelante los bajó. Desgraciadamente, hoy, 45 años después, poco se recuerda a Amílcar Vasconcellos, el político que con más valor denunció al régimen naciente y al propio Zorrilla. Mientras que a los jóvenes se les enseña en los liceos una historia tergiversada, donde está borrada esa adhesión frentista al golpe.

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El Presidente removió toda ASSE. Ya el Frente Amplio, como en el caso Sendic, sale a decir que se terminó la corrupción en ASSE y que su criterio ético es impoluto. Se olvidan que esa misma corrupción se generó bajo su gobierno. Porque la Dra. Muñiz era Ministro cuando contrataron en Bella Unión una empresa de los propios médicos. Porque fue un ex diputado del Frente Amplio, como director del Hospital de Rivera, quien contrató, por sí y ante sí, sin financiación ni autorización legal, 60 médicos y 48 empleados, al tiempo que contrataba en Brasil a empresas amigas. Porque en Mercedes y Dolores también se pagaban ambulancias a empresas de los propios jerarcas. Porque Alfredo Silva, al estilo de los sindicalistas argentinos, manejaba el gremio y hacía contratar empresas amigas. ASSE no le ha mejorado la asistencia a los más pobres mientras el Fonasa masifica a las mutualistas en perjuicio de su calidad. Todo es un agujero negro de intereses y por eso ha vivido de crisis en crisis. Ahora viene el maquillaje para la elección. Maquillaje.

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En Lima, los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guayana, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú, le dijeron al Presidente Maduro que no era bienvenido a la reunión del grupo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos denuncia la crisis humanitaria que sufre Venezuela, con gente que muere en los hospitales porque no le pueden hacer una diálisis u otros tratamientos. Uruguay sigue en silencio. Ya no aplaude, porque la dictadura venezolana es impresentable, pero tampoco condena. Silencio. El sufriente canciller Nin resiste como puede, porque la mayoría del Frente Amplio sigue con Venezuela tanto como con Cuba. La cuestión de fondo es la de hace 45 años en febrero: si el movimiento va hacia la izquierda, no importa la libertad...

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El maldito de Talleyrand —conocedor como nadie de la naturaleza humana— decía que lo excesivo termina siendo insignificante. Desgraciadamente, es lo que está pasando con la noble causa feminista, que distingue a Occidente del dogmatismo musulmán. Cambiar el final de la ópera Carmen, para que no muera ella sino su abusivo amante, es un atentado cultural y una idiotez conceptual, porque borran la verdadera denuncia del machismo para incurrir en una tergiversación que nos aleja del verdadero fin. Eso pasó en Italia, como en Inglaterra la curadora de la "Manchester Gallery of Art" bajó un cuadro del pre-rafaelista Waterhouse por unos desnudos que muestran "el cuerpo femenino como objeto decorativo". Estos nuevos inquisidores, que degradan una de las grandes causas de la libertad, ¿qué pedirán para la Venus de Milo? Lo mismo pasa con el lenguaje "inclusivo", que ya levanta olas de rechazo en España o Francia. Mientras tanto, los feminicidios arrecian. Y son dramáticamente realistas. Y esa es una inmensa batalla cultural. Las leyes son bienvenidas pero la ley real es la que se incorpora a la costumbre y justamente ese es el drama, nuestro drama. Hay que reeducar, hay que sustituir prejuicios y valores y por allí encontraremos el camino.

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Este febrero también ha sido "amargo" por la avalancha de homicidios, que venía ya de un año anterior récord. El facilismo de hablar de "ajustes de cuentas" supone establecer una segunda categoría de muertos, pero además revela la acción de un narcotráfico que crece aun después de la ley de marihuana, imaginada ilusamente para reducirlo. El Fiscal de Corte dice que en cinco manzanas de Montevideo está la mitad de los crímenes de todo el país. ¿No podemos con cinco manzanas? Este enorme aparato de seguridad, con 31 mil policías y 900 millones de dólares ¿no puede con cinco manzanas? Y el Ministerio de Desarrollo Social, ¿no tiene nada para decir?


Presidencia está preocupada por lo que dice la prensa

El gobierno no solo usa su web para desacreditar a quienes lo critican sino que ahora vigilará lo que diga la prensa, incluyendo un seguimiento del tono que manejen los periodistas.

A medida que se acerca el año electoral y que arrecian las críticas, el gobierno aceita sus mecanismos de vigilancia para coaccionar a los medios de comunicación. Como si no alcanzara con su propia oficina de prensa –que emplea a decenas de funcionarios– la Presidencia abre ahora una licitación para contratar una empresa que realice el monitoreo de medios de comunicación, fundamentalmente sobre información relativa al gobierno, política, seguridad, drogas, derechos humanos, salud, medio ambiente, etc.

La empresa contratada debe relevar todos los medios de comunicación capitalinos, los principales medios del interior del país, del exterior, y las agencias internacionales.

Deberá presentar a Presidencia hasta tres informes mensuales con un análisis cuantitativo y cualitativo.

Los informes deberán “señalar alcance, fecha, temas consultados, voceros, los medios en los que se publicó, valoración en la agenda mediática y el tono con el que se publicaron dichas noticias”. Por ahora no se pedirá el Adn de los periodistas.

Se advierte que el gobierno está nervioso. Sus integrantes, poco acostumbrados a las críticas, han reaccionado con ira ante expresiones populares de los últimos tiempos y particularmente la web oficial de Presidencia superó totalmente los límites al arremeter contra un colono que interpeló al Presidente a la salida del Ministerio de Ganadería. Como expresa nuestro columnista Santiago Torres la reacción oficial fue seguramente ilegal. Pero además fue una expresión inmoral, porque fuera pública o privada la información vertida en el principal portal del Estado –esa posible ilegitimidad es precisamente lo que se está discutiendo– el señalamiento de una situación personal fue definitivamente una bajeza, que hasta ahora sólo una presidente de baja calaña como Cristina Kirchner había cometido.


Un patético educador

“Nació en 1998. Cuánto hijo de mil putas tiene que hacerse cargo de hambrear gurises y que no les llegue el Estado nunca. Falta en pila, lo primero es preguntarse qué hacemos por los gurises que nacen hoy. La otra receta produce esto. Que bronca...”

El encabezado de esta nota corresponde a un mensaje en las redes sociales del “Maestro” Eduardo Caggiani, que ha sido analizado en el diario El País por Pablo da Silveira en en una columna cuya lectura recomendamos.

No podemos dejar pasar esta barbaridad sin comentarla. En primer término, nos costó entender a qué se refería el texto, más allá de su redacción y sintaxis propia de un iletrado. La columna mencionada contribuyó a darnos cuenta que la referencia era para el delincuente apodado el Kiki.

El señor Caggiani integra el Consejo de Educación Inicial y Primaria, es decir el principal órgano responsable de la educación de los niños. Nos interesamos por sus antecedentes académicos y vemos que es Profesor de Análisis de Práctica Pedagógica de Formación Docente, es decir enseña a los maestros cómo enseñar (valga la redundancia) a los alumnos.

Sin duda la conmoción que provocó el Kiki, con el alevoso asesinato de una trabajadora, sus antecedentes y su trágico final, deben ser motivo de análisis y reflexión de toda la sociedad.

Ahora bien que un “Maestro”, siempre entre comillas porque no hace honor a su título, realice este comentario descalificativo e insultante, sin aportar ideas o soluciones es definitivamente desolador.

Con tristeza comprobamos en qué manos está la educación de los niños, con personas que no tienen la formación moral ni intelectual necesarias.


Parece chiste pero no lo es

El intendente Andrés Lima rompe el récord nacional en desubicación republicana sorteando una estadía en un bungalow de la Intendencia entre sus seguidores de Instagram.

Muchos adolescentes suelen desesperarse por obtener “seguidores” en las redes sociales. Para lograrlo, suelen recurrir a múltiples recursos y ardides. Pero difícilmente puedan competir con los recursos del “adolescente” Andrés Lima, Intendente Departamental de Salto.

Efectivamente, el inefable jefe comunal salteño ha decidido premiar a quienes lo sigan en la red social “Instagram” sorteando entre éstos una estadía en un bungalow oficial. Para participar en el singular sorteo a cuenta de las arcas departamentales, la persona debe, en primer lugar, hacerse seguidor del Intendente Lima. Luego, hacer una captura del aviso del sorteo y subirlo a su propia cuenta de Instagram, “etiquetando” al Intendente Lima y mencionando a los dos amigos que la acompañarían de ganar el sorteo. El sorteo se llevará a cabo el 28 de febrero, a las 14 horas, y será trasmitido en vivo a través de la cuenta de Instagram de Lima.

La insólita iniciativa de Lima ya ha levantado indignación entre el Frente Amplio y la oposición.

La no menos insólita explicación oficial es que esos bungalows son de libre disponibilidad de la Intendencia y que, por tanto, “no generan ningún costo a la Intendencia” (!!!!).


Vacaciones pagas... por todos nosotros

El senador frenteamplista Leonardo de León financiaba sus vacaciones pagando con la tarjeta corporativa de Alur.

La Justicia especializada en Crimen Organizado pudo comprobar que el actual senador Leonardo de León, mano derecha del ex Vicepresidente Raúl Sendic, usó la tarjeta corporativa de Alur para pagar gastos en restaurantes y hoteles del exterior, en fechas que no coinciden con ninguna de sus misiones oficiales.

De León estuvo en diversos destinos turísticos, como Cataratas del Iguazú, que no tienen relación con las actividades de Alur. En España el ex director de Alur alquil&oacutpadding-left:15px;padding-bottom:15pxe; un automóvil para sus traslados a diversas ciudades.

En esas ocasiones no oficiales, De León gastó U$S 5.000 y U$S 14.000.

Consultado por el diario El País el senador aseguró que puede confirmar que todos los gastos se hicieron en misiones oficiales.

Hace unos meses y al divulgarse una fotografía en la que el entonces director de Alur viajaba en un avión en cuya mesita se veía una botella de whisky, De León presentó un escrito a la Justicia acusando por difamación a quienes habían reiterado la fotografía en las redes sociales, sosteniendo que la misma había sido trucada. Esa circunstancia no pudo comprobarse por la policía técnica, quedando la impresión de que la imagen es auténtica.


Benito Stern

El 25 de enero, a los 81 años, falleció Benito Stern, ex Intendente de Maldonado, figura relevante del Partido Colorado y empresario turístico de larga y fecunda actuación.

Se le despidió en la Intendencia, repleta de gente de todas las extracciones políticas y sociales. Allí hablaron el Dr. Jorge Schusman, el diputado Germán Cardoso, el Intendente Enrique Antía y el ex Presidente Sanguinetti, con cálidas palabras que recibió el público con emoción.

Su actuación política había comenzado en la Junta Local de Punta del Este, pero adquiere su dimensión en la lucha contra la dictadura. Fue constante animador de la ciudadanía democrática en el plebiscito de 1980, emergió como gran dirigente en la elección interna de 1982 y en ese camino de ascenso político, ganó la Intendencia de Maldonado, que ocupó durante el período de 1985 a 1990. Realizó allí fecunda labor, con obras urbanísticas y de sentido social, a las que dedicó su infatigable andar.

En el período siguiente, integró el Directorio de Antel y en la Presidencia del Doctor Sanguinetti fue Ministro de Turismo. Era su materia. Había sido Presidente de la Asociación Nacional de Turismo y activo empresario inmobiliario, lo que le permitió volcar su experiencia de la actividad privada a ese Ministerio, desde el que apoyó los nuevos emprendimientos hoteleros y realizó una exitosa promoción de nuestro país, tanto en Argentina como en Brasil.

Más allá de este periplo administrativo y político, “Benito”, porque así se le llamó siempre, fue una figura querida y respetada. Siempre tendió la mano. Nunca dejó de ayudar a quienes algo necesitaban, cualquiera fuera su credo o filiación. Había en él un aire romántico, una cierta bohemia, un culto de la camaradería amistosa, en largas charlas nocheras.

Sufrió injusticias, pero ellas no cambiaron su talante amistoso y abierto, su actitud fraterna, su espíritu generoso. Siempre buscaba acuerdos, entendimientos, caminos de concordia. No se envaneció en las victorias ni se resintió en los malos momentos, porque nunca se sentía derrotado, impulsado siempre por alguna nueva idea, algún emprendimiento y un optimismo a prueba de tormentas.

Batalló largamente contra un cáncer, al que finalmente sucumbió. Queda ahora en la memoria. En la de Maldonado y en la del país. En la del Partido Colorado y la de dos generaciones de amigos que siempre le recordarán con una sonrisa amable.


Benito Stern

El 25 de enero, a los 81 años, falleció Benito Stern, ex Intendente de Maldonado, figura relevante del Partido Colorado y empresario turístico de larga y fecunda actuación.

Se le despidió en la Intendencia, repleta de gente de todas las extracciones políticas y sociales. Allí hablaron el Dr. Jorge Schusman, el diputado Germán Cardoso, el Intendente Enrique Antía y el ex Presidente Sanguinetti, con cálidas palabras que recibió el público con emoción.

Su actuación política había comenzado en la Junta Local de Punta del Este, pero adquiere su dimensión en la lucha contra la dictadura. Fue constante animador de la ciudadanía democrática en el plebiscito de 1980, emergió como gran dirigente en la elección interna de 1982 y en ese camino de ascenso político, ganó la Intendencia de Maldonado, que ocupó durante el período de 1985 a 1990. Realizó allí fecunda labor, con obras urbanísticas y de sentido social, a las que dedicó su infatigable andar.

En el período siguiente, integró el Directorio de Antel y en la Presidencia del Doctor Sanguinetti fue Ministro de Turismo. Era su materia. Había sido Presidente de la Asociación Nacional de Turismo y activo empresario inmobiliario, lo que le permitió volcar su experiencia de la actividad privada a ese Ministerio, desde el que apoyó los nuevos emprendimientos hoteleros y realizó una exitosa promoción de nuestro país, tanto en Argentina como en Brasil.

Más allá de este periplo administrativo y político, “Benito”, porque así se le llamó siempre, fue una figura querida y respetada. Siempre tendió la mano. Nunca dejó de ayudar a quienes algo necesitaban, cualquiera fuera su credo o filiación. Había en él un aire romántico, una cierta bohemia, un culto de la camaradería amistosa, en largas charlas nocheras.

Sufrió injusticias, pero ellas no cambiaron su talante amistoso y abierto, su actitud fraterna, su espíritu generoso. Siempre buscaba acuerdos, entendimientos, caminos de concordia. No se envaneció en las victorias ni se resintió en los malos momentos, porque nunca se sentía derrotado, impulsado siempre por alguna nueva idea, algún emprendimiento y un optimismo a prueba de tormentas.

Batalló largamente contra un cáncer, al que finalmente sucumbió. Queda ahora en la memoria. En la de Maldonado y en la del país. En la del Partido Colorado y la de dos generaciones de amigos que siempre le recordarán con una sonrisa amable.


El Gran Dragón se instala en la Toscana

Prato, símbolo del esplendor textil italiano, es hoy la sede del taller de confección chino más grande de Europa y un reflejo de la crisis de competitividad nacional, según el análisis de Daniel Verdú sobre un proceso que no debería sernos ajeno

La máquina de coser nunca tiene sueño. El zumbido se oye de noche, de madrugada y despierta a los vecinos por la mañana. Mandan los pedidos, las necesidades de un patrón que nadie conoce ni quiere conocer. No hay descansos ni recesos para el almuerzo. Justo donde se cruzan la calle Nino Rota y la Pistoiese, en un sucio callejón del polígono Macrolotto de Prato, lleno de talleres y un Porsche 911 turbo aparcado en la acera, se cose a destajo y se rematan las prendas que llevarán el prestigio del made in Italy por el mundo. Una cuarentena de personas, alineadas bajo fluorescentes industriales y abrigadas con anoraks y bufandas, respiran un pesado olor a comida sin levantar la vista de la máquina. “¿Alguien habla italiano?”. Nadie responde.

La ciudad toscana de Prato (193.000 habitantes), gobernada por el Partido Democrático, fue la joya de la corona del poderoso emporio textil italiano. Hoy su corazón industrial es un macrotaller chino de manufactura de moda low cost que produce más de un millón de piezas al día. Mientras la crisis económica se llevó por delante la mitad de las 4.602 empresas italianas que había en 2006, los negocios de los recién llegados se duplicaron convirtiendo esta antigua ciudad medieval en el mayor centro de confección de Europa. Una enorme comunidad china (unas 40.000 personas y 18.000 trabajando en el sector) dispuesta a cabalgar la tormenta perfecta al precio que fuera.

En Prato, en el corazón de la marca Italia, encontraron una estructura urbanística tradicional de casas taller. Un modelo perfecto para su sistema de trabajo heredado de cuando cada familia tenía aquí una pequeña empresa en los bajos de la vivienda. Un cascarón vacío —algunos todavía con el nombre italiano del viejo propietario—que ocuparon rápidamente sin apenas tocar nada. Las empresas de confección de Prato, que mayoritariamente regentan ciudadanos chinos, pasaron de 2.807 en 2006 a 4.531. Los viejos empresarios, muchos de los que hoy se quejan, sobreviven como rentistas alquilándoles sus naves vacías. "Se pasan la vida criticando a los chinos, pero sin ellos ahora estarían arruinados", explica uno de los pocos enlaces entre la comunidad asiática y las autoridades italianas.

El escritor Edoardo Nesi nació en una familia de industriales del textil de Prato que abandonó cuando llegó la crisis. Un día decidió contar aquel colapso a través de La historia de mi gente (Salamandra, 2011), que ganó el Strega, el premio literario más importante de Italia. En una cafetería de las afueras de la ciudad, desgrana un análisis que apunta a un cambio de identidad: primero industrial y luego social. ¿El made in Italy? “Es una extraordinaria fábula según la cual el trabajo artesanal italiano se hacía de manera que se pareciese al arte. Era la belleza encarnada en los objetos y consumida por gente normal. Pero ahora los chinos de Prato se inscriben en la cámara de comercio, asumen trabajadores clandestinos, compran tejidos en China, los manufacturan y les ponen la etiqueta que certifica su procedencia. No los ha tocado ni una sola mano italiana. Pero para las leyes europeas se trata de made in Italy”, relata.

Esa parte es la que más duele. La pérdida de competitividad de muchas empresas italianas en los últimos años, la sensación de que otros países habían ganado terreno en la exportación, encendió el resquemor hacia las políticas económicas de la Unión Europea. Muchos empresarios ya no se esconden y hablan abiertamente de abandono de las instituciones, de falta de protección. Alimentada por partidos como la Liga y el Movimiento 5 Estrellas (suman casi el 40% de la intención de voto), ha aflorado estos años una cierta eurofobia que responsabiliza a Bruselas y a decisiones políticas como los embargos comerciales a Rusia, de gran parte de los males de las medianas empresas que configuraban el Adn del producto italiano. En Prato hace tiempo que se oía ese runrún ignorado tanto tiempo en los salones romanos.

—Pensábamos que la globalización solucionaría todo. Pero no fue así. Fue un error mezclar las peras con las manzanas. Europa nos ha penalizado.

El padre de Ivo Vignali fundó la empresa de tejido para muebles en 1947 en esta ciudad medieval a 25 kilómetros al noroeste de Florencia. Desde entonces, las han visto de todos los colores. Primero fue en 2000, cuando se abrió el mercado y llegaron los tejidos chinos. Cayó la producción dos tercios, y la misma proporción de empresas se fueron al garete. “Meter en el Organización Mundial del Comercio a estados que no respetan ninguna regla laboral o de medioambiente nos ha dejado en una mala situación”. Pero invirtieron y apretaron los dientes. Resistieron especializándose en terciopelo de alta calidad para muebles de marcas extranjeras. La paradoja es que los únicos productos finales en Italia que salen de Prato son los chinos. “Pero, ¿sabe qué? Quizá sin ellos hubiera sido todavía peor”.

El made in Italy se ha trasladado al sector del lujo y al segmento alto del mercado. Pero Andrea Cavicchi, exitoso empresario de la zona y presidente de la sección de moda de Confindustria, no lo ve tan negro. La economía en Prato está remontando —las exportaciones italianas también han repuntado, aunque políticamente algunos partidos sigan explotando lo contrario— y apunta algunas buenas señales en el último trimestre. Lo peor ya ha pasado. Pero admite que han fallado controles en aduanas, también en la inspección de talleres. “Los chinos aquí encontraron un territorio laboral fértil y la posibilidad de trabajar donde se buscaba mano de obra a bajo coste y poco exigente con ciertos derechos”, apunta Cavicchi en la sede de la patronal industrial.

Tanto que en 2013 se fue de madre y un incendio en un taller clandestino mató a siete personas. El suceso destapó las condiciones de esclavitud en las que viven muchos de los nuevos hijos de la cultura del made in Italy. El papa Francisco fue hasta ahí para denunciar la situación y desde entonces, el Ayuntamiento ha intentado mejorar la situación, pero los problemas no han desaparecido completamente, admite el alcalde de la localidad, Matteo Biffoni. Hace solo un mes, la policía detuvo a 33 miembros de una mafia china "hegemónica" en el tráfico de mercancías en Europa que operaba desde Prato. No es la primera vez. El flujo de capitales de la prostitución y la manufactura ilegal en los talleres clandestinos de España, como se ha demostrado en varias operaciones policiales, conduce a menudo hasta la ciudad toscana. Y luego, como sucede con la denominación de origen de la ropa, se pierde siempre el rastro.


Inculpan a 13 rusos por injerencia electoral en Estados Unidos

Cientos de personas trabajaban en la Operación Lathka para "sembrar desconfianza" e influir en los comicios de Estados Unidos desde las redes sociales y páginas web, según la acusación del Fiscal. Una nota de El País de Madrid analiza el espinoso asunto.

El fiscal especial de la trama rusa, Robert Mueller, dio un espectacular golpe de timón. Cuando todas las miradas estaban puestas en la Casa Blanca, el encargado de investigar si el equipo de Donald Trump se coordinó con el Kremlin para dañar a Hillary Clinton, destapó la fábrica rusa de las fake news y acusó a 13 ciudadanos rusos y tres empresas del mismo país por interferir en las elecciones de 2016. El gigantesco operativo, bautizado como Proyecto Laktha, empleaba a cientos de personas y, a través de las redes sociales y el activismo de base, desplegó en EEUU una intensa campaña de intoxicación política.

En su escrito de acusación Mueller señala que el operativo puso en marcha una “guerra de información” encaminada a generar “desconfianza hacia los candidatos y el sistema político en general”. “Este escrito debe servir de recordatorio de que la gente no siempre es quien parece ser en Internet. Conspiradores rusos trataron de promover la discordia en Estados Unidos y socavar la confianza pública en la democracia. No podemos permitir que triunfen”, señaló el número dos del Departamento de Justicia, Rod Rosenstein.

La investigación ofrece una sorprendente visión interior del universo de la intoxicación informativa. Las empresas implicadas (Internet Research Agency LLC, Concord Management and Consulting y Concord Catering) están ubicadas en San Petersburgo. Pero a través de un entramado de compañías subsidiarias y otras tapaderas, operaban tanto en Rusia como fuera. Con un presupuesto de 1,25 millones de dólares al mes, Internet Research Agency empleaba por sí sola a “cientos de personas”. Para cubrir las 24 horas, se alternaban dos grupos. Su misión consistía en crear bajo nombre falso miles de cuentas en redes sociales. Un equipo de diseñadores gráficos, analistas de datos y tecnólogos les apoyaban.

Aunque en un principio tuvo otros objetivos, a partir de 2014 Internet Research Agency centró sus esfuerzos en Estados Unidos. Dos años después, ya tenía a 80 personas trabajando en el proyecto norteamericano. La recolección de datos sobre el terreno era frecuente y sus emisarios visitaron hasta ocho estados. Su actividad fue especialmente intensa en territorios electoralmente indecisos como Florida, Virginia y Colorado.

Para ocultar sus huellas, la maquinaria rusa utilizaba como pantalla ordenadores e identidades estadounidenses. Bajo este escudo, siempre según el FBI, generaba cientos de cuentas en redes sociales (Facebook, Instagram y Twitter). “Con nombres robados, cuentas de banco fraudulentas y documentos de identidad falsos, se hacían pasar por estadounidenses, que abogaban o censuraban a determinados candidatos, abrían páginas web y creaban comunidades con ciudadanos ajenos a lo que ocurría”, señala el Departamento de Justicia.

En el operativo también se incluía la contratación de estadounidenses. Estos servían como activistas de base y participaban en las protestas organizadas por la trama. Los reclutados, según el FBI, desconocían que estaban tratando con rusos. La red también usaba anuncios publicitarios para sembrar la discordia, casi todos contra Clinton. “Hillary es Satán, y sus crímenes y mentiras muestran su maldad”, reza uno de estos anuncios.

Las maniobras de intoxicación eran constantes. Y trascendían el universo digital. Por ejemplo, poco después de las elecciones presidenciales convocaron el mismo día en Nueva York una manifestación a favor y otra en contra del recién elegido Donald Trump. La meta, según el FBI, era generar malestar y erosionar la confianza en el sistema político.

Cuando las investigaciones del fiscal especial empezaron a salir a la luz, los cerebros de la red se asustaron. La publicación en septiembre pasado de las primeras informaciones sobre esta granja de fake news, llevó a uno de sus promotores a comunicarse con sus pares y trasladarles sus miedos. “Hemos tenido una pequeña crisis aquí, el FBI ha reventado nuestra actividad, así que estamos borrando huellas”, escribió.

La acusación presentada por el equipo de Mueller incluye ocho cargos. El de conspiración para engañar a Estados Unidos alcanza a todos los imputados. Pero también hay por fraude bancario (tres), así como robo y suplantación de identidad (ocho). Ningún ciudadano estadounidense ha sido señalado.

Es la primera vez que la investigación de la trama rusa apunta directamente a ciudadanos rusos. El escrito de acusación, sin embargo, no traza ningún vínculo directo con el Kremlin ni tampoco con el equipo electoral de Trump. Un elemento que fue utilizado por el presidente. “Rusia empezó su campaña en 2014, antes de que yo anunciará que competía para la presidencia. Los resultados de las elecciones no se vieron afectados. La campaña de Trump no hizo nada. No hay colusión”, tuiteó el presidente.

Hasta ahora, se habían hecho públicas cuatro imputaciones vinculadas a la trama rusa y todas eran de personas relacionadas con Trump: su exconsejero de seguridad Michael Flynn, su jefe de campaña Paul Manafort, el empresario Rick Gates y el asesor electoral George Papadopoulos. Este último incluso trató de concertar una cita entre Trump y el presidente ruso, Vladímir Putin.

Correo de los Viernes.
Publicación Oficial de la Secretaría de Prensa del Foro Batllista.