Correo de los Viernes - Continúa el asedio o la pérdida de soberanía

Continúa el asedio o la pérdida de soberanía

Por Julio María Sanguinetti

La Justicia uruguaya continúa bajo asedio. O (lo que es lo mismo) la democracia está amenazada. Los grupos revanchistas de nuestro país, que desconocen dos plebiscitos ratificatorios de la ley de caducidad, ponen al descubierto una vez más su desprecio al Estado de Derecho y a la democracia. A ésta, por no respetar el voto ciudadano. Al Estado de Derecho, porque la independencia judicial es celebrada cuando la Suprema Corte de Justicia declara inconstitucional la ley de caducidad, e impugnada en cambio —aun con violencia— cuando establece la irretroactividad de la ley penal y, en consecuencia, no califica los delitos cometidos durante la dictadura como de “lesa humanidad” simplemente porque a la fecha de su comisión no existía tal categoría jurídica.

El principio de no aplicar retroactivamente la ley es un pilar del derecho penal, que viene desde el fondo de la historia. No hay crimen sin ley, ya decían los romanos. En los últimos años, sin embargo, han aparecido fundamentalistas de los derechos humanos que los despreciaban antes para justificar las guerrillas revolucionarias y los invocan ahora para perseguir militares. Moralmente es una inadmisible dualidad de criterio pero jurídica y políticamente es mucho más grave: es la violación abierta de las bases de la República liberal.

Nuestro país, como se sabe, adhirió al Estatuto de la Corte Penal Internacional en junio de 2002, norma internacional que por cierto no aceptan las grandes potencias (EE.UU., China, Rusia, etc.). Pese a esta grave limitación, hizo muy bien el país en adherirse al sistema, pero lo que no es aceptable es que se ignore que ese mismo Estatuto dispone que sólo se juzgarán hechos ocurridos después de su vigencia y que la ley penal nunca se aplicará retroactivamente (artículos 11 y 24). Por otra parte, el invocado Pacto de San José de Costa Rica establece la misma prohibición (art. 7, numeral 2): “Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones políticas de los Estados partes o por las leyes dictadas conforme a ellas.”. Esto es claro como el agua.

En un plano más general, ¿quién puede sostener que nuestra adhesión al sistema interamericano ha quitado a nuestra Corte su competencia originaria y exclusiva de interpretar la Constitución? La Corte Interamericana se desborda cuando lo pretende. Que se asuma intérprete del pacto interamericano es aceptable, pero nunca enervando una garantía fundamental establecida en nuestra Constitución. Todas las normas sobre derechos humanos son garantistas de la libertad e integridad del ciudadano y por lo tanto no pueden desaplicarse unas en beneficio de otras que reducen esos valores.

La Suprema Corte de Justicia hoy está bajo asedio. Del gobierno, con Ministros visitándola para presionarla. De la desprestigiada institucionalidad interamericana, que es incumplida por la mayoría de los Estados (empezando por Brasil) y elevada a la categoría de oráculo divino por un gobierno como el nuestro, que ya perdió toda dignidad en el entredicho con Argentina y sigue entregando la República a entidades extranjeras. Asedio también de grupúsculos radicales que, mediante violencia, han llegado a ocupar la sede de nuestra Corte o aun apedrearla, como ocurrió días pasados. A todo ello se suma ahora el ex juez Garzón que, defenestrado en España, vive ahora en Buenos Aires, a donde la Presidente Fernández le ha conseguido un cargo para que, entre otras cosas, salga a defender el aberrante proyecto de reforma judicial que politiza la Justicia argentina y hace de los miembros del Consejo de la Magistratura cargos electivos popularmente mediante listas de los partidos. En una palabra, serán diputados judiciales en representación de sus respectivos partidos, lo que es la segunda muerte de Montesquieu. El ex juez no ha tenido ningún remilgo en alegar en pro de esa reforma argentina hoy impugnada por toda la oposición y los principales órganos jurisdiccionales del país.

Todo este embate, desgraciadamente, no es inocuo y ha logrado la excusación del Presidente de la Corte, Dr. Jorge Ruibal, actitud que respetamos como expresión de sensibilidad ante la crítica, pero que no justificamos de modo alguno y, mucho menos, por la desaforada actitud de cuatro Fiscales que recusaron a los miembros de la Corte en inédita actitud. Tal es el desborde fiscal que impugnan, incluso, a los miembros de la Corte que no han hablado del tema.

La democracia uruguaya está en juego en ese debate y no se puede soslayar la gravedad de la situación. Estas presiones internacionales, que aspiran a limar la vigencia de nuestra Constitución, deberían ser rechazadas enérgicamente. Desgraciadamente, nuestro gobierno se entrega mansamente, como se ha entregado en nuestras relaciones con Argentina o cuando se dejó condenar por la Corte Interamericana al no asumir la defensa de una ley que —le gustara o no— había sido ratificada por la soberanía popular. Así, paso a paso, vamos resquebrajando el Estado de Derecho y deslizándonos a una situación de subordinación que hiere el más elemental concepto de soberanía.