Correo de los Viernes - Del abuso de funciones a la desviación de poder

Del abuso de funciones a la desviación de poder

Por Julio María Sanguinetti

El escándalo Pluna, en el terreno jurídico, ha sido —y desgraciadamente promete seguir siendo— un semillero de irregularidades, atropellos y abusos. Después de todo lo ocurrido, ya se está gestando otra inconstitucionalidad: la de usar la ley para introducirse en un procedimiento del Poder Judicial y resolver así la comprometida situación de un Ministro y varios jerarcas del gobierno.

Personalmente, creemos que el delito de abuso de funciones debiera derogarse —o reformarse— y así lo propusimos en su momento, tal como estos días se ha estado recordado. Así lo pensábamos y así lo seguimos pensando. Es una tipificación demasiado vaga y su aplicación, a lo largo de los años, ha condenado verdaderos abusos, como también casos dudosos y otros en los que el abuso, si lo hubo, estuvo a cargo del juez (especialmente cuando en nombre de la “alarma social” se mandó gente presa al grito de la tribuna).

Es más que discutible su constitucionalidad pero, más allá de ese tema, siempre hemos pensado que debía borrarse esa vagarosa calificación. Nos encontramos en aquel momento con posiciones fervorosas en contra, que de un modo rotundo rechazaron la derogación —o la reforma— por considerar que era un cercenamiento de la autoridad judicial. Ahora, los mismos legisladores frentistas que así opinaban, dan una vuelta de carnero y, con el mismo énfasis, defienden la derogación de la figura del abuso de funciones. Más allá de la inconsecuencia, claramente han reconocido que esto resolvería la situación del ex Ministro Lorenzo. Han dejado ya rotundamente en evidencia que la finalidad, en este momento, no es perfeccionar el Código Penal sino resolver un procedimiento penal en curso, para beneficiar personalmente a un ex jerarca y correligionario.

Esto es lo que se llama desviación de poder. Y desde Justino Jiménez de Aréchaga hasta Gonzalo Aguirre, han sostenido que las leyes, cuando se incurre en ese desvío, pueden ser declaradas inconstitucionales conforme al artículo 26 de la Constitución.

Un gobierno que, en esta segunda etapa del asunto Pluna, ha venido desbarrando, con un disparatado cierre de la empresa, un caricaturesco remate, el otorgamiento abusivo de un aval y la votación de una ley inconstitucional que alteraba las reglas del derecho comercial con un fin particular, ahora quiere introducirse en otra barbaridad.

Las leyes no pueden utilizarse como asunto de ocasión para resolver un conflicto judicial. En el caso sería una inmoralidad, desde ya, pero igual o tanto peor es su violación del funcionamiento normal de la estructura de separación de poderes propia de la democracia.

Si se quiere actuar con honestidad y claridad, los partidos pueden asumir el compromiso moral de reconsiderar este delito al comenzar la próxima legislatura, sin referencia a ningún caso concreto. Hacerlo hoy, intentando salvar a un ex Ministro, es otro escalón más en la idea de que lo político subordina lo jurídico y el interés del gobierno autoriza a atropellar cualquier principio constitucional.

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En cuanto al escándalo en general, muestra tres etapas, nítidamente diferenciadas. La primera, bajo el gobierno Vázquez (Ministros Astori y Rossi) , fue la que hizo el negocio con Leadgate, con un Estado que salió garantizando al 100% la compra de unos aviones que hacía a su antojo el mayoritario socio privado. Fue un acuerdo desastroso y con zonas muy “oscuras”, para usar la palabra que el fiscal maneja. Esa compra avalada por el Estado refirió a siete aviones comprados a precio de lista en 150 millones de dólares. ¿Alguien vio alguna vez comprar siete omnibuses, o siete automóviles, o siete cualquier cosa, sin gestionar una importante rebaja en el precio? Esto lo ha señalado una y otra vez el Senador Moreira, cuya gestión parlamentaria en el caso ha demostrado que un legislador de la oposición puede cumplir la función de controlar con eficacia, aun frente a arrogantes mayorías parlamentarias que sistemáticamente se negaron a votar comisiones investigadores y otros procedimientos que permitieran aclarar los hechos. En su tiempo, el Tribunal de Cuentas formuló un claro dictamen señalando la ilicitud de la garantía otorgada. Este capítulo nos da la impresión que judicialmente recién empieza, porque si el señor Campiani y sus socios cometieron tantos delitos, ¿cuál es la responsabilidad de los directores del ente público propietario de la minoría que, como dice el hoy procesado, le aprobaron todas sus cuentas y balances?

El segundo capítulo es el que ocurre bajo el gobierno de Mujica (Ministros Lorenzo, Pintado y Presidente del Banco de la República Calloia) y es una cadena de decisiones arrebatadas, que comenzaron con el propio abrupto e improvisado cierre de la empresa aeronáutica. A partir de allí todo fue un escándalo de arbitrariedades y efectivos abusos de funciones. Porque el Ministro le reclamó al Banco de la República que otorgara un aval, sin seguir los procedimientos bancarios habituales, a una empresa totalmente desconocida. Y el Banco de la República así lo hizo, dentro de un esquema irreal, con una escenografía teatral de subasta que terminó en un fracaso completo. Se dice que los jerarcas no se beneficiaron pecuniariamente y eso no está en debate. Lo que se discute es que actuaron al margen de la ley y de ese modo perjudicaron el interés público. Podrán ellos no haber recibido beneficios —eso se verá en el juicio— pero que los acreedores han sido perjudicados y que la ciudadanía está pagando cientos de millones de dólares por esta situación, no hay duda.

Hasta se hizo una extravagante ley alterando el orden de los acreedores en la quiebra de Pluna, que resultó inaplicable por inconstitucional.

El Ministro Lorenzo actuó con enorme soberbia. Pocos días antes de que estallara este episodio, escribió un artículo periodístico titulado “Ellos y nosotros” que es un modelo de intolerancia, denostando a toda la oposición, a la que engloba al barrer en el mote de “derecha” y la ubica como socialmente insensible y políticamente retrógrada. Es notorio que este Secretario de Estado, que ha seguido las líneas generales de gobiernos anteriores, ha sido muy atacado internamente por no ser suficientemente “de izquierda” y comulgar con la ominosa economía de mercado . Por esa razón, últimamente se había radicalizado en sus declaraciones, actuaba como un “barrabrava político” y no con la serenidad propia de un Ministro de Economía y Finanzas.
Esta conducta está reñida con toda ética. La cuestión no es solamente no robar. También la ética obliga a actuar conforme a las leyes, a ajustarse a los procedimientos generales, a ejercer el poder sin atropello para intereses legítimos que puedan estar involucrados ni beneficiar abusivamente intereses particulares, como ha quedado demostrado que ocurrió en este caso. Esta es una enorme falta ética y política. Mas allá de las calificaciones judiciales que pueden aparecer y que han asomado ya con fuerza en un dictamen fiscal.

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Ante los sucesos, se inicia ahora una tercera etapa, que es a la que referimos en los primeros párrafos de este artículo y que parece reiterar el mismo arrebatado disparateo de todo lo anterior. El Presidente Mujica, que ha presidido todo este dislate y ha protagonizo intervenciones personales decisivas, debiera advertir que es la hora de detenerse, evaluar las pérdidas y cambiar tanto de asesores como de rumbo. Se estima el perjuicio para la comunidad en más de 300 millones de dólares. ¿Vamos a seguir aumentando pérdidas por insistir en caminos arbitrarios? Alejado el Ministro, ¿van a continuar todos los responsables?