Los creadores de este burdo slogan, no han predicado con el ejemplo; por el contrario, han lucrado mucho y educado poco. Con el aval de las autoridades frenteamplistas de Secundaria, los sindicalistas de la educación se valieron de certificados falsos -durante el quinquenio anterior- para cobrar por cientos de horas en las que dejaron a los jóvenes sin clase. No fue un hecho aislado, como se pensó en primera instancia, fue una práctica generalizada, que contó con el respaldo político de la actual oposición.

El mes pasado, gracias a una excelente labor de contralor ejercida por el Diputado colorado Felipe Schipani, se conoció la noticia de que, durante los años 2016 y 2017, Marcel Slamovitz, exvicepresidente de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes), justificó 250 horas de inasistencias -además de las que tiene reglamentariamente por "licencia sindical"- de forma fraudulenta.

El docente, que recientemente fue apartado de su cargo en la cúpula del sindicato, presentó una serie de certificados firmados por Fenapes en los que solicitaba más horas de "licencia sindical" de las que le correspondían. Dichos documentos, citaban el "artículo 70-10 del Estatuto del Funcionario Docente" y se remitían a un supuesto "convenio firmado entre el Codicen y Secundaria".

Ante la duda, la entonces directora del Liceo 1 de San José, donde Slamovitz era profesor, abrió un expediente solicitando asesoramiento legal, según consta en los archivos a los que accedió el Diputado Colorado. De acuerdo al expediente, una abogada de jurídica de Secundaria pidió adjuntar el convenio que aparece mencionado en las constancias de Fenapes, pero Slamovitz no lo presentó.

Según los extractos del expediente publicados por El País, la profesional subraya que el único convenio adjuntado refiere a licencia sindical, por lo que "nada establece respecto a la justificación de inasistencias al amparo del artículo 70-10". Asegura, además, que "no existe fundamento para justificar las inasistencias del profesor al amparo del artículo 70-10, por participar en actividades encomendadas por el Comité Ejecutivo de Fenapes".

Pese a la contundencia del informe técnico, las autoridades de la época decidieron archivar el caso. El supuesto acuerdo, por el que el sindicalista justificó 250 horas de inasistencias, en las que dejó a los alumnos maragatos sin clase, nunca apareció -obviamente, porque no existe.

Lo peor es que, como trascendió en prensa el pasado domingo 16, Marcel Slamovitz no fue el único. Hay una "larga lista" de sindicalistas que obtenían horas ilegales y eran apañados por las autoridades de la educación de la época, según consta en las actas del Consejo de Secundaria a las que accedió el Diputado colorado mediante un pedido de informes.

La actuación de los exconsejeros de Secundaria del último gobierno del Frente Amplio fue bochornosa, por decir lo menos. En marzo de 2017, luego del expediente que abrió la directora del Liceo 1 de San José, el Consejo de Secundaria, integrado Celsa Puente y Javier Landoni, por el gobierno del Frente Amplio, e Isabel Jaureguy, electa por los sindicatos, abordó el caso.

En una de las múltiples sesiones en las que se discutió la escabrosa situación de Slamovitz, la consejera docente Jaureguy opinó que era un tema "complejo" y que "los chicos van a perder clase"; no obstante, añadió que se trataba de "un dirigente sindical nacional" y, por lo tanto, se debían "justificar las inasistencias".

En base a eso, Puente le propuso a la consejera "que lo trabaje, para cuidar los mensajes que se dan". En posteriores reuniones y pese al informe jurídico contrario y a que el propio secretario general de Fenapes reconociera la irregularidad, se justificaron las faltas de Slamovitz.

En las reuniones bipartitas entre los consejeros de Secundaria y los dirigentes de Fenapes, el gremio insistió en la necesidad de justificar "una larga lista de inasistencias", que revestían la misma condición que las de Slamovitz. Es decir, no se trató de un hecho aislado.

Aunque Puente entendió "excesivo" el pedido, el otro consejero del gobierno, Landoni, opinó que esta resolución de Secundaria implicaba "un acto político [...], por lo cual se debería ser discreto". Además pidió que a la hora de hacer el presentismo "no se perjudique" a los sindicalistas.

Con un desparpajo pocas veces visto, Landoni también pidió "proteger" a los docentes, porque "si se llegara a filtrar esta información sobre las inasistencias", los sindicalistas "caerían bajo el escarnio público".

Sí, aunque el lector se vea en la necesidad de volver a leer el párrafo anterior, entendió bien. El consejero frenteamplista pedía proteger a los sindicalistas, no le importaban en lo absoluto los cientos de jóvenes que perdían decenas de horas por esta irregularidad.

En definitiva, en una lógica de inspiración corporativista, los jerarcas del Frente Amplio apañaron a los sindicalistas de la educación, siendo plenamente conscientes de que esta connivencia perjudicaba a los estudiantes. Increíblemente, a pesar de esto, tenemos que escuchar a la izquierda política y sindical levantar las banderas de "defensa de la enseñanza" acusando al gobierno de "lucrar" con la educación pública.