Correo de los Viernes - El "descubrimiento" de los Derechos Humanos

El "descubrimiento" de los Derechos Humanos

Por Julio María Sanguinetti

Hace unos días, el Director de Derechos Humanos de nuestro Ministerio de Educación, Dr. Javier Miranda, afirmó en una charla en Washington que nuestro país “aprendió de derechos humanos en respuesta a su violación en dictadura”.

Hijo de un distinguido escribano y militante comunista cruelmente asesinado y desaparecido en tiempos de la dictadura, el Dr. Miranda es hoy una figura moderada, que actúa en el tema procurando un mejor clima de diálogo y entendimiento en lo que refiere a las heridas de ese pasado. Desgraciadamente, más allá de esa postura de moderación y diálogo, Miranda también responde a la cultura ambiental del populismo frentista y por ello puede hacer afirmaciones como la referida, ocultando una larga historia de rechazo a los derechos humanos que durante años encabezó el Partido Comunista y luego practicó con la violencia el movimiento tupamaro.

Por el contrario, la historia de nuestro país, desde Artigas, es un proceso constante de desarrollo de los derechos humanos. Las propias Instrucciones del año XIII, hoy justamente recordadas, establecían principios tan fundamentales como promover “en toda su extensión imaginable”, “la libertad civil y religiosa”. Naturalmente, costó años ganar la independencia, la libertad y aun la paz, pero conquistas fundamentales como la “escuela laica”, de José Pedro Varela, marcaron un hito en la libertad de conciencia, que se prolongó luego en las garantías del sufragio. Ya en el siglo XX, el reformismo batllista fue fundamental en una legislación humanista y social, que dictó a los largo de varias décadas normas de liberación de la mujer y protección de los trabajadores, amparados dentro de un sistema democrático que se basaba en el voto ciudadano y la separación de los poderes.

Esta construcción, fatigosa y difícil, tuvo, sin embargo, enemigos acérrimos. Uno de ellos fue el marxismo, que despreciaba “las libertades formales de la burguesía” y consideraba que nuestra democracia era una cáscara vacía. Durante años el comunismo —y aun el socialismo— despreciaron el valor de nuestro sistema en nombre de unos vagos “derechos sociales” que estaban por encima de los derechos fundamentales. Esta prédica condujo al nacimiento de movimientos, como el tupamaro, que se lanzaron a la violencia política para derribar el sistema democrático, practicando el secuestro, la tortura psicológica y el asesinato selectivo de un modo masivo. Llegaron incluso a practicar un terrorismo que procuraba aislar al país con el secuestro de embajadores y diplomáticos de Estados con los que teníamos históricas relaciones.

Ese dramático proceso es una de las causas (no la única, pero sí fundamental) en la irrupción del ominoso golpe de Estado militar de 1973. A ese golpe, el comunismo, el socialismo y todos sus asociados quisieron sumarse en febrero de 1973, con la peregrina idea de que podría nacer de allí un gobierno revolucionario nacionalista. Fueron bajados de ese carro no por su voluntad sino por el predominio en las Fuerzas Armadas de corrientes anticomunistas que se opusieron a ese posible desvío hacia el llamado “peruanismo”.

En una palabra, todavía en 1973, todos los partidos de izquuierda —no solo los guerrilleros, que ya habían renunciado a la política— creían en proyectos al margen de la constitucionalidad democrática. Cuando ésta cayó, sus dirigentes fueron maltratados y torturados y allí recién es que “descubren” el valor de las libertades de las Constituciones “burguesas”. Recién en ese instante advierten el valor de esas garantías que tanto despreciaron durante años. El “descubrimiento” fue solo para ellos, no para los partidos que construyeron la democracia y las libertades políticas, muchos menos que nadie el Batllismo, que en los albores del siglo XX edificó un pionero Estado de Bienestar.

Lo grave es que su “descubrimiento” y su actual “aprendizaje” no es honesto porque oculta esa historia negra y ser, además, profundamente parcial. Se ignora que ha sido el Uruguay democrático quien propuso la aprobación del Pacto de San José de Costa Rica en 1985, al restablecerse la democracia, y que también fue el gobierno colorado quien impulsó la aprobación del Tratado de Roma. Pero más aún se ignora que esos tratados establecen que no se pueden aplicar sus criterios “retroactivamente”, que el principio de legalidad sigue siendo fundamental. Por eso se agravian cuando la Suprema Corte de Justicia así lo reconoce a texto expreso.

Quienes estuvimos en contra de la dictadura desde el primer día, sin especular con que la democracia pudiera ser materia de transacción, seguimos al pie de la legalidad, de la Constitución, del respeto al voto ciudadano y por eso trabajamos para reconstruir la democracia en paz, con un criterio de amnistía general que ha sido ratificado por el cuerpo electoral. Desgraciadamente, la tesis oficial sustenta una visión rencorosa y hemipléjica: la amnistía vale para los guerrilleros, no para los militares; el voto ciudadano no vale cuando es en contra de ese criterio, pese a su reiteración; la Corte de Justicia solo es buena cuando acepta restricciones en la amnistía a los militares pero no lo es cuando establece que no se puede aplicar la ley penal retroactivamente…

El aliento antidemocrático sigue vivo detrás de esas actitudes. Los viejos prejuicios siguen intactos en mucha gente, aun sin darse cabal cuenta de lo que están sosteniendo. Por eso pueden seguir defendiendo la dictadura cubana o el populismo autoritario de Venezuela.

El tema no es viejo. Es de siempre y para siempre. Y es muy grave que quienes recién se estrenan en el concepto de los Derechos Humanos, que aprendieron su letra con sangre —es verdad— pero luego de ignorarlos tantos años, instalen hoy —de nuevo— tergiversaciones profundas del Estado de Derecho.

El Uruguay no “aprendió” ahora lo que son derechos. Lo supo siempre. Quienes dicen hoy haberlos asumido todavía no los han entendido. Pese a sus proclamas.