Correo de los Viernes - Escalón Tras Escalón

Escalón Tras Escalón

Por Julio María Sanguinetti

Han sido un par de semanas sombrías para el país. No para el gobierno sino para aquellos ciudadanos que nos formamos en ese Uruguay democrático, liberal y justiciero que el propio Presidente Mujica dice que “en este continente tan rico y tan poco equitativo [...] ha constituido una especie de excepción de esa tendencia histórica de reparto social, a mitigar las penurias de los que quedan más rezagados y es, tal vez, uno de los mayores orgullos de nuestra historia nacional”. Contra ese país es que él y sus compañeros se levantaron en armas, en nombre de una revolución socialista a la cubana, para derrumbar sus instituciones y sustituirlas por las que, medio siglo después, todavía sufre la patria de Martí. Es saludable que hoy el Presidente lo reconozca, pero detrás de ese acto de honestidad intelectual se desata una nube de prejuicios contra los que él llama “pequeño-burgueses”; éstos “en términos generales son burócratas del Estado o de la docencia, que a veces recalan en el periodismo”. A su juicio, “nada puede igualar en nocividad a los pequeños burgueses acomodados profesionalmente, en el oficio de criticar todo lo que se hace y por las dudas lo que no se hace”. “Jamás” —añadió— “se les va a ver ayudando a levantar una pared, jamás se les va a ver comiendo un guiso con la gente necesitada”.

Esa gente de la que el Presidente abomina en nombre de un divisionismo clasista, esos médicos, funcionarios o profesores, son quienes con su trabajo honran los impuestos con los que se atienden escuelas y hospitales, son los que pagan 22% de IVA y tienen su ingreso personal gravado desde el 10% y hasta un 30% para la franja más alta con el IRPF. Es la clase media uruguaya en la que se asentó nuestra democracia, la que —justamente en tiempos de Batlle y Ordóñez— se constituyó sobre la base de inmigrantes pobres que ascendieron a fuerza de trabajo, se amalgamaron en la igualitaria educación pública y creyeron en las instituciones del país.

Ese fue el Uruguay que miraba hacia arriba. El de Batlle y Domingo Arena, pero también el de Herrera y Carlos Roxlo, como de Emilio Frugoni, José Enrique Rodó y Alberto Zum Felde.

Hoy tenemos que aceptar que un Ministro diga que la civilización occidental se basa en “Jesucristo, ese flaco que lo crucificaron por gil, que se pasó predicando el perdón”, agraviando hasta a un agnóstico como quien escribe. Y que diga que los médicos uruguayos son una “mafia blanca” o que un acuerdo electoral entre blancos y colorados es una suerte de acoplamiento pornográfico que él describe con gruesas palabras.

Se trata de un estilo, de una definición ante el Estado y la sociedad. La palabra se degrada y con ella se degrada todo. Lo ha definido el Presidente: “lo político predomina sobre lo jurídico”. Así se puede redactar una ley disparatada sobre Pluna, inconstitucional a juicio de la generalidad; u otra sobre el IRPF a las pasividades, o el impuesto a la tierra o la norma interpretativa de la ley de caducidad, inconstitucional hasta para el Ministro de Defensa, que se llevó adelante contra viento y marea, despreciando incluso dos pronunciamientos soberanos de la ciudadanía. Insólitamente, el Frente Amplio se agravia luego con la Suprema Corte de Justicia porque ésta hace lo único que podía hacer sin ruborizarse, que es reconocer las inconstitucionalidades; y todavía expresa “ preocupación” porque una jueza procesó —sin prisión— a siete ciudadanos que encabezaron una asonada contra el máximo órgano judicial, procurando impedir la ejecución de un acto oficial . Es más, como uno de esos siete procesados es una profesora, la gremial respectiva dejó sin educación, por un día entero, a 200 mil jóvenes en solidaridad con ella.

A partir de allí, ¿cómo se forma en el cumplimiento de la ley a jóvenes adolescentes, que reciben, de sus propios profesores, el mensaje que sí hay derecho a invadir la sede de un poder del Estado para alterar su funcionamiento normal? ¿Cómo una maestra puede enseñar a sus alumnos la corrección en la palabra y en los modales cuando, desde las alturas del gobierno, los mensajes son la palabrota, el desaliño y la falta de respeto a los códigos de convivencia?

En el escándalo de Pluna se pierden 300 millones de dólares y todos escabullen su responsabilidad. Al igual que en la arbitrariedad que cometieron contra el empresario Francisco Casal, a quien le reclamaron 300 millones de dólares, lo acusaron del delito de fraude y lo expusieron al menosprecio público, para terminar con que jueces y fiscales dicen que nada debía. ¿Cómo se enfrenta ahora el pleito que sobrevendrá luego de la adjudicación de uno de los canales de televisión digital a la empresa que fue seleccionada por el Ministerio y después fuera groseramente desplazada a raíz de una presión política brutal, que pasó por arriba, incluso, de unas manifestaciones despectivas del Presidente para con quien sería a la postre privilegiado?

Nuestro país tiene una historia de legalidad. Del mismo modo que además de solidario desde siempre, también fue profundamente republicano, igualitario ante los derechos de todos y sobrio en sus formalidades.

Ese país de primera que supimos ser es el que va descendiendo, escalón a escalón, sin que la sociedad se conmueva. Esperemos que, cuando lo advierta, no sea demasiado tarde.
(Publicado en El País de Montevideo el domingo 17 pasado)