Correo de los Viernes - Estado ausente

Estado ausente

Por Julio María Sanguinetti

Hace unos días escribí un artículo titulado “Sobra Estado, falta Estado”, que mereció múltiples comentarios, no todos favorables por cierto. Señalaba allí que, así como el Estado ha crecido desmesuradamente, al punto que se agregaron 50 mil funcionarios en el período Mujica, en otros escenarios falta Estado, como fue —a nuestro juicio y el de cualquier observador mínimamente objetivo— el caso notorio del Barrio Marconi.

Entre quienes me criticaron estuvo el Ministro del Interior Eduardo Bonomi, que insistió en la idea que en el Marconi la Policía estaba más que presente, cosa discutible pero reveladora de que no había entendido el artículo (si es que lo había leído de verdad), porque la falta de Estado era un concepto mucho más amplio, que aludía a educación, prestaciones sociales y los diversos elementos que permiten la superación de la gente. El mismo señor Bonomi es el que ha acuñado la increíble tesis que la Policía no tiene nada que ver en los espectáculos públicos, que —según él— son exclusiva responsabilidad del organizador.

La tesis no se sostiene por lado alguno. El Estado es responsable primario del orden público y salvo en el hogar, que es un “sagrado inviolable”, la Policía debe salvaguardarlo. Es obvio que el organizador de un espectáculo está sometido al control del gobierno departamental al efecto que se cumpla con lo anunciado y que el escenario se ajuste a las normas de seguridad requeridas. Hasta paga un tributo por esa autorización. En cuanto al orden público, no hay otro responsable que el Estado a través de la Policía, por la sencilla razón que ninguna otra institución tiene autoridad para intervenir en una refriega, reducir a un revoltoso, llevar preso a otro o cachear a todos quienes entran para prevenir que entren armas o drogas.

En el tema del fútbol, está muy claro que el Ministerio del Interior se ha borrado del peor modo, atribuyendo responsabilidades a clubes que hacen lo que se les pide, gastan fortunas en servicios de seguridad pero no pueden asegurar nada, como se vio en el Estadio el domingo, cuando Peñarol salió campeón. Los hinchas entusiastas saltaron el alambrado o abrieron puertas y entraron a la cancha. El resultado es que no pudo hacerse, como en todo el mundo civilizado, la ceremonia de entrega de la copa a la institución y las medallas a los jugadores. No eran grupos violentos, simplemente eran hinchas exaltados, que hubieran sido naturalmente detenidos por una razonable custodia preventiva, como pasó siempre. Si esto se hiciera hábito, habríamos vuelto a avanzar, que no es otra cosa que retornar al orden antiguo, cuando las vueltas olímpicas era una celebración triunfal.

Violencia, en cambio, hubo de noche en la Avenida 18 de Julio, con un grupo de revoltosos reales, y la Policía miró mientras rompían vidrios. Lo mismo que había pasado hace unos días cuando Nacional celebró su aniversario.

Es evidente que la Policía tiene orden de mirar y se limita a mirar. Alega, y a veces tiene razón, que llevan a los detenidos al Juzgado y no hay procesamientos porque los jueces dicen que no hay pruebas. Se parte de que la declaración de los policías, aunque sean cuatro al unísono, no sirve de nada. En cualquier caso, en el episodio del domingo, la jueza del caso ha declarado que la Policía no le llevó ningún detenido del tumulto.

Ya no es que falte Estado. El Estado está ausente. Desertó.

El Ministerio no quiere entender la realidad del fútbol. No asume que la violencia está en la sociedad y que el fútbol, como fenómeno de masas, recoge esa patología. No asume que la mayoría de los incidentes no tienen que ver con barras bravas. Que los que ocurren en la calle son inmanejables. Que no hay legislación que permita hacer efectivo el derecho de admisión. Que al final de cuentas, en el Uruguay se trata de un par de cientos de personas que, en cuanto se les persiga de verdad, desalientan al resto y así sucesivamente. Que no es admisible que habiéndose instalado cámaras en todos los estadios, se esté reclamando que los clubes paguen un “software” que hace todo inviable.

No estoy escribiendo estas líneas en función de lo que piensa o dice el Club Atlético Peñarol del que soy Presidente Honorario. Esta es mi opinión personal como ciudadano y aficionado al fútbol que va todos los fines de semana a ver a su club. Y que no se resigna a que el Estado renuncie a su función principal, a su misma razón de existir, que es asegurar el orden público, condición previa y esencial del ejercicio pacífico de cualquier derecho humano.