El Fiscal de Corte ha sido protagonista de numerosos episodios de ruido periodístico: sanciones a Fiscales levantadas por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, instrucciones muy discutibles como la que abre el camino de negociar aun las penas por homicidios, la publicitación indebida de una indagatoria sumaria a una fiscal de Colonia que había tomado una decisión de repercusión política (decisión que el Fiscal de Corte no impugnaba, refiriendo -en cambio- a posibles implicaciones políticas).

El tema llegó hasta el punto que legisladores de Cabildo Abierto pidieran, a nuestro juicio con exceso, su remoción. Podemos estar en desacuerdo con alguna de las resoluciones del Fiscal pero de ahí a invocar una causal de ineptitud, omisión o delito, media una enorme distancia.

En cualquier caso, no es bueno que un jerarca de esta importancia esté constantemente en el debate. Él mismo asume una frecuencia mediática que no es la mejor. Muy especialmente en momentos como el actual, en que el procedimiento penal ha cambiado, dándole a los fiscales un protagonismo nuevo.

Esta circunstancia mueve a pensar que, habiéndose modificado la estructura de la Fiscalía como servicio descentralizado en la ley 19.334 de enero de 2017 y 19.483 de agosto de 2015, bien podría ahora complementarse esa legislación a fin de mejor adecuarla a la situación actual. Estamos en un terreno nuevo. Como se advierte, muchas han sido las modificaciones y la experiencia debe tomarse en cuenta, más allá de las personas, para darle la mayor solidez a esa institucionalidad que viene en proceso de cambio.

Por esa razón, nos parece particularmente acertada la propuesta que hace el Dr. Gustavo Zubía, a quien acompañan algunos otros legisladores colorados. Pensamos que le hace bien a la Fiscalía de Corte, pensando en el futuro; y le da tranquilidad al actual Fiscal, pensando en el presente.

No se trata de cercenar ninguna facultad jurisdiccional. La Fiscalía de Corte es un órgano de rango constitucional y no puede soslayarse su relevancia ni su "autonomía funcional". Cosa distinta es su administración, al punto que la ley que establece ese carácter de servicio descentralizado, aclara expresamente, que es "sin perjuicio" de las facultades del Poder Ejecutivo establecidas por los artículos 197° y 198° de la Constitución de la República. O sea que puede el Ejecutivo observar sus actos y aun disponer correctivos o remociones, siempre dentro del ejercicio de sus funciones administrativas, como dispone el artículo 4° de la Ley 19.334.

La propuesta es que, junto a ese Fiscal, cuyo mandato es de diez años, haya dos más, con un mandato de cinco años, coincidente con cada período de gobierno, para actuar en el terreno de la administración como órgano colegiado. Esto le daría también un refuerzo de Fiscales al Consejo Honorario de Instrucciones Generales, donde hoy actúa un delegado del Poder Ejecutivo, uno de la Asociación de Fiscales, uno de la Facultad de Derecho y uno de la sociedad civil.

Como es notorio, el Dr. Zubía viene sosteniendo esta idea desde hace años y no se relaciona como reacción a episodios actuales, como los que hacemos referencia. Es pensada para el futuro, a fin de que ese servicio, cuya trascendencia se ha multiplicado, cuya complejidad administrativa -por lo tanto- se ha acentuado, consolide aún más su posición.

Si lo miramos en la situación de hoy nos parece particularmente oportuno darle a la administración de la Fiscalía el resguardo de tres opiniones. Como son cinco las de la Suprema de Corte de Justicia, que ejerce la superintendencia de los jueces. Nos parece particularmente congruente con esa experiencia judicial que la Fiscalía hoy actúe en la administración con una responsabilidad compartida por tres Fiscales.

Hacia el futuro sería una muy buena disposición. Hacia el presente también, al quitarle al actual Fiscal el peso de resoluciones sobre la administración que inevitablemente se personalizan, tiñéndolas en ocasiones de un indeseable contenido político.

Con generalidad se reconoce que el Dr. Díaz es un Fiscal capacitado y trabajador. Es notorio también que sus decisiones han sido muchas veces muy polémicas, cuando se trata de enfrentar una situación de inseguridad ciudadana y auge delictivo que a todos nos compromete. No se trata de cuestionar su independencia funcional, sino de arropar su ejercicio de administración con dos fiscales que compartan su responsabilidad.

La institucionalidad es uno de los mayores patrimonios de la democracia uruguaya. Por eso debemos cuidarla celosamente y esa propuesta va en esa dirección, la de que la Fiscalía de Corte, en su nuevo rol y responsabilidad, pueda actuar con despejo de las peripecias administrativas.