Correo de los Viernes - La dualidad como identidad

La dualidad como identidad

Por Julio María Sanguinetti

El negocio de ser gobierno y oposición a la vez —resumido en la expresión “gobierno en disputa”— le había reportado buenos resultados al oficialismo hasta ahora, pero a medida que ese fraude se torna cada vez más grosero, la ciudadanía comienza a percibirlo con mayor claridad.

El Poder Ejecutivo acaba de dictar un decreto autorizando a la Policía a actuar directamente para impedir los piquetes que corten vías de tránsito. A posteriori se informaría a la Justicia. El decreto no parece demasiado necesario porque ya era ilegal “obstaculizar” el “uso público de las calles, carreteras y caminos”, pero como en ocasiones se reclamaba una disposición judicial para actuar, era una buena aclaración disponer la actuación directa. En todo caso, sin embargo, el gobierno quiso dejar en claro su pensamiento, ya que su pasado ha sido de permisividad a estas expresiones lesivas para los derechos ambulatorios del resto de la ciudadanía. Hete aquí que, con su dualidad habitual, se exceptúan las situaciones referidas al derecho de huelga, cuando justamente de eso se trata: hacer piquetes y perturbar la circulación normal de los ciudadanos ajenos al conflictos, ¿es una extensión del derecho de huelga? No lo es, ni para nuestra legislación ni para la OIT, que ni siquiera reconoce la ocupación de los establecimientos.

La consecuencia del decreto es que se ha aplicado inicialmente contra un grupo de transportistas, pero en el acto ha salido todo el sector sindical del Frente a decir que el decreto les preocupa y no puede restringir los derechos gremiales de modo alguno. La Ministra Arismendi llega al colmo de la actitud inconstitucional y discriminatoria cuando sostiene que el decreto es solo contra empresarios y no puede aplicarse a trabajadores. Como comunista que es, le cuesta entender una Constitución liberal como la nuestra y asumir que el derecho de cada uno termina donde comienza el derecho de los demás. Y que así como la libertad de trabajo no puede ser frustrada por la ocupación de un establecimiento, tampoco la libertad de los ciudadanos para circular puede ser cercenada en nombre de una reclamación gremial, provenga de trabajadores o de empresarios.

Este decreto uruguayo estuvo estos días en el debate argentino sobre el tema y los periodistas que nos interrogaban al respecto se quedaban perplejos cuando se les explicaba que no se decía lo que se anunciaba y que el titular poco tenía que ver con la sustancia.

En otro orden, la Presidente de Ancap anuncia la reducción de costos en la deficitaria fábrica de cemento. Ha perdido 220 millones de dólares en una década y 25 el año pasado. Se propone entonces, reducir 220 puestos de trabajo, fundamentalmente en contratos periféricos (cuidado de césped, seguridad, etcétera). De inmediato salta el Partido Comunista airado a reclamar una revisión de lo propuesto. Es obvio que en el sindicato hay una fuerte orientación comunista y que el líder del Sunca, Oscar Andrade, hasta hace poco diputado comunista, es una figura de gran influencia. Tanta como que dejó el Parlamento para retornar a la vida gremial. En una palabra, el Frente Amplio tiene las dos posiciones sobre el mismo tema y todo indica que terminará, como es habitual, predominando la fuerza sindical.

En un terreno más político, está la actitud uruguaya ante la dictadura venezolana. Catorce países, entre ellos Uruguay, se dirigen a la OEA apoyando al Secretario General Almagro para expresar su “preocupación” por esa situación, una vez que se impidió el referéndum revocatorio, se prorrogaron indefinidamente las elecciones de gobernadores, continúan arbitrariamente presos líderes opositores y se ha vaciado al Parlamento de facultades y recursos. De inmediato aparecen legisladores frentistas defendiendo al gobierno bolivariano, negando la posibilidad de que la OEA avance, abrazados al principio de no intervención. La Cancillería, entonces, cuestiona al gobierno venezolano mientras el Frente Amplio sigue al pie del chavismo. ¿Qué dirán ahora que el Parlamento, electo por el pueblo con más votos que el gobierno, es sustituido por un tribunal de justicia que, sin el menor atisbo de derecho, se considera autorizado a destituir otro poder del Estado?

A nivel casi folclórico se ajusta, además, la increíble invitación de un legislador frentista a un representante del totalitarismo norcoreano, al que el gobierno no le permitió la entrada. En el mejor estilo de la hora, el diputado invitante hasta sostuvo que en Corea del Norte había elecciones cuando se sabe que se votan candidatos únicos propuestos por el gobierno y, para oponerse, hay una urna aparte en la que se puede sufragar por “No” (y suponemos que de allí se va a la cárcel).

Podríamos continuar con episodios de la misma índole, pero basten estos, bien recientes, para ratificar esa condición frentista de la dualidad. Se hace un discurso revolucionario y se practica luego el conservadurismo. O, a la inversa, se expresa la moderación y, por otro lado, se despilfarran dineros públicos en empresas inviables, sostenidas en nombre de la justicia social y los derechos corporativos de los gremios.

Desgraciadamente, no le ha ido mal al Frente Amplio siendo a la vez gobierno y oposición. Cada día, empero, la ciudadanía va advirtiendo este fraude de opinión y confiemos en que, de ese modo, nos arrimemos al cambio político que la realidad social y cultural cada día reclama con más intensidad.