Un retintín constante del Frente Amplio es calificar de "Herrerista" al gobierno, como insinuación de conservadorismo y retraso social. Se pretende con esto horadar al Batllismo, acusarlo del abandono de sus banderas históricas. De algún modo molestar también a los blancos wilsonistas.

Los hechos nos muestran otra cosa: una coalición de gobierno que administra el país desde su tradicional Estado liberal progresista o socialdemócrata según usemos la terminología norteamericana o europea. Es el Estado uruguayo simplemente, que puede ser gobernado por un liberal o un socialista, pero que sigue siendo, básicamente el mismo.

La historia del país nos dice que en 1959, cuando el Partido Nacional desplazó del gobierno al Partido Colorado luego de casi un siglo, proclamó el fin del llamado Estado Batllista. Había que desandar la construcción de empresas públicas e instituciones de seguridad social que se habían desarrollado entre 1905 y 1950 aproximadamente. Los hechos pudieron más que la realidad, porque si bien hubo un necesario proceso de liberalización en materia monetaria, propio de los tiempos, las bases solidaristas del Estado permanecieron incólumes.

Cuando llegó al gobierno el Frente Amplio, en 2005, se dijo que se "sacudirían hasta las raíces de los árboles". El pensamiento socialista dejaría su impronta indeleble. Romperíamos con el Fondo Monetario, no pagaríamos la deuda externa, nacionalizaríamos el comercio exterior y la banca, etcétera, etcétera. Era la prédica histórica, especialmente desde la fundación del Frente en 1971. Nada de eso ocurrió. Los eslóganes se derrumbaron. Gobernó con una gran bonanza internacional, gastó mucho y mal, dejó una crisis educativa profunda y una desocupación del 10%, pero las instituciones permanecieron tal cual eran.

Naturalmente, un gobierno conservador podría reducir al mínimo la prioridad social del Estado. Hoy, los números oficiales nos dicen que el Gasto Social es el 81% del Gasto Público Total. Del orden de 17 mil millones de dólares. La mitad es seguridad social, entre el BPS y el Mides. Pocos Estados en el mundo pueden mostrar lo mismo.

¿Se privatizaron las empresas del Estado o están más fuertes que nunca? Por supuesto Antel compite, el Banco de Seguros compite, UTE actúa dentro de un marco legal abierto que permite generación privada. La prédica machacona, alejada de la realidad, sigue insistiendo en el sueño monopolista, sin advertir que esas empresas serán un bien y no una carga si son más eficientes. Tenemos un cumplido ejemplo con la LUC y la portabilidad numérica, que ha sido beneficiosa para todos, en primer lugar los propios usuarios.

En el Partido Nacional hay opiniones en favor de la privatización de algunos de esos servicios fundamentales. Pero no son la política del gobierno, como a la vista está.

Si nos vamos a lo estrictamente social, ¿un Presidente de origen blanco hablando de los asentamientos, de los deudores del Banco Hipotecario y del bono crianza representa el viejo herrerismo? Cuando la UTE llega a 140 mil personas con facturas de subvencionadas hasta en un 90% o ANCAP a 57 mil personas, con garrafas a mitad de precio, ¿no estamos ante el desarrollo de políticas en la línea tradicional de nuestro Estado Batllista? UTE renuncia a 40 millones de dólares para ayudar a los más débiles de la sociedad.

Ejemplos rotundos de la dimensión social del gobierno es haber alcanzado la menor tasa histórica de mortalidad infantil o el desarrollo de la protección de los niños antes de la preescolar, entre 0 y 3 años. En la última Rendición de Cuentas fue el Batllismo el que propuso un plan de 50 millones de dólares para desarrollar los CAIF. Ellos siguen creciendo y cuando no hay ninguno cerca, se dan becas para pagar un jardín privado. La Asignación Familiar del Plan de Equidad alcanza a 400 mil personas y le añade a la tradicional una cantidad relevante. El MIDES está transfiriendo por estas vías 350 millones de dólares a los más necesitados y lo está haciendo con focalización, superando aquellas distribuciones al barrer que hizo el Frente sin ningún rendimiento

En cuanto a la enseñanza, la monserga de la privatización está totalmente desacreditada pero reaparece de un modo u otro. En el debate de la LUC tuvieron que replegarse y reconocer que no había privatización alguna. Así como al final, y después de mucho andar, aceptaron el valor de las escuelas de tiempo completo para atender los sectores económicamente más comprometidos y otros aspectos de nuestra reforma de 1995. Así tendrán que reconocer el esfuerzo actual de los Centros Espínola en la educación secundaria, que apuntan al mismo objetivo social. La UTU hasta ha incorporado un Bachillerato Digital bilingüe, que crece exponencialmente. Desgraciadamente, los presuntos defensores de la educación pública son quienes más ayudan a la privada, con su prédica destructiva, su recurrencia al paro y al desorden proselitista, que desalienta a los padres y les lleva a innúmeros sacrificios para procurar establecimientos más estables.

Si nos vamos a la producción, el Estado Batllista modernizado de los últimos años abrió los espacios de vanguardia en las Zonas Francas y en un desarrollo forestal revolucionario, que han cambiado la estructura económica del país. Y eso sigue firme, pese a hostilidades conservadoras.

Por estas razones, los batllistas nos sentimos cómodos en la coalición que integramos. Lejos de sentirnos traicionados en nuestros ideales, apreciamos que ellos se han expandido. Nuestro rol es garantizar su desarrollo constante y, por lo tanto, la sobrevivencia de sus principios, con nuevos métodos. Garantizarlos ante los pujos conservadores que aparecen y las visiones anticuadas de un Frente Amplio que no entiende el cambio civilizatorio en que estamos sumergidos.

Garantía, entonces. Tanto de los valores históricos como de la mirada constante hacia el futuro.