Al Frente Amplio -como al socialismo en general- nunca le importaron demasiado las libertades, salvo cuando las perdimos todos y recién se enteraron de que los "derechos formales" de las Constituciones "burguesas" eran la única garantía. En el fondo, aunque hoy vivan bajo el imperio de esas normas otrora despreciadas, no las sienten como propias. Es a lo que hay que resignarse simplemente porque el paraíso imaginario sigue siendo Cuba...

Es natural, por lo tanto, que no puedan apreciar los avances de la LUC para la vida de la gente. Y que, cuando invocan los derechos, es para debilitar a la Policía, resquebrajar la autoridad y, aunque no lo quieran ni lo digan, hacerle el juego al mundo del delito.

En materia de libertades, la LUC, asegura el derecho a la portabilidad numérica, o sea que el usuario de teléfonos pueda conservar su número aunque cambie de empresa prestadora del servicio. Es una libertad elemental. Se reconoce así en el mundo entero. No poseer ese derecho limita claramente la posibilidad de optar en función del mejor servicio.

El sindicato de Antel sale en tono declamatorio diciendo el sinsentido de que esta medida va a perjudicar a Antel, a quien deliberadamente se le querría dañar. Ante todo, ¿por qué va a perjudicar a Antel? ¿Porque es el que tiene mayor porcentaje del mercado telefónico y puede perder más que los demás? Es una presunción absurda, salvo que se está pensando que el servicio brindado por Antel es de baja calidad y entonces los usuarios, enojados, estarían prontos para abandonarla. Es claro que no es esa la situación y si lo fuera, razón de más para liberar al ciudadano, que es lo que importa.

Se alega sin razón alguna que las multinacionales tienen la infraestructura necesaria para competir con éxito frente a Antel. Lo han dicho siempre y los hechos han mostrado la sinrazón. La empresa estatal es la que tiene hoy, por lejos, mayor infraestructura y, lejos de correr riesgos, nada le hace mejor que la competencia. Porque la verdad es que si hoy no existieran empresas privadas, seguramente el servicio de Antel no tendría la misma calidad de hoy.

Otra expresión de libertad muy importante es la de flexibilizar las normas de inclusión financiera que imponían la bancarización de todo pago, generando serios inconvenientes a muchísimos trabajadores y pequeñas empresas. Durante la campaña electoral escuchamos este reclamo en forma constante. Especialmente los trabajadores zafrales se quejaban de que, cuando cobraban por semana en las cosechas, por ejemplo, no tenían posibilidad práctica de ir hasta un banco a cobrar un cheque antes del sábado. Esta es una libertad importante. Quien quiera seguir como estaba, no tiene problema. Pero aquel que prefiere cobrar en efectivo, reconquista la libertad de hacerlo.

También se habla, con error, de que estas normas habilitarían el movimiento financiero "negro", al permitir que se puedan hacer en efectivo pagos por transacciones de hasta un millón de Unidades Indexadas, o sea unos 120 mil dólares. Se trata de facilitar los negocios, darle más libertad a quienes actúan en la vida comercial, pero no se cambia nada en cuanto a los necesarios controles legales.

En otro orden, se rescata la libertad de trabajo, para hacerla compatible con el derecho de huelga, ambos de fuente constitucional. Es decir que, así como se puede interrumpir colectivamente la actividad, se debe respetar el derecho a trabajar de quien así lo desea. El derecho de huelga no incluyó nunca el de "imponer" la huelga a quien no la comparte. La práctica decía lo contrario y de ahí le necesidad de establecerlo claramente. Como también el derecho de la dirección de la empresa a acceder a ella durante una ocupación, para su propia preservación y, por ende, el empleo de los trabajadores. Interrumpir toda comunicación internacional de una empresa exportadora, por ejemplo, puede ser suicida. Todas estas libertades, por otra parte, han sido reivindicadas permanentemente por la OIT, con desconocimiento de Uruguay.

La libertad de circulación está asegurada también por la ley. Los piquetes no pueden obstaculizar el uso público de calles o carreteras y la autoridad está en el derecho de asegurarlo. Un decreto del Dr. Vázquez de 2017 establece lo mismo que ahora adquirió carácter de ley, como corresponde a la materia de libertades y derechos. No se trata de impedir manifestaciones pacíficas, pero sí de preservar el derecho ciudadano, esencial, a circular con libertad.

Hay otras normas que de modo indirecto abonan también en la idea de la mayor libertad del ciudadano. Basten las reseñadas para darle a la LUC el valor de una gran ley restauradora de derechos. No es poca cosa.