Todos los debates del país tienen importancia. Pero hoy y desde ya hay uno excluyente: la LUC. Para la Coalición es fundamental derrotar al referéndum y lograr que el NO sea mayoritario cuando corresponda votar, que según parece será en febrero o marzo.

El gobierno pasado tuvo en el tema seguridad su talón de Aquiles. Se triplicaron las rapiñas y el narcotráfico avanzó en todas sus dimensiones, la nacional y la internacional. El clima de permisivismo que se generó con los gobiernos frentistas, comenzó en la primera presidencia del Dr. Vázquez, cuando la famosa liberación de presos del Ministro Díaz. Luego, solo se fue agravando hasta que llegamos a lo que llegamos: 400 homicidios por año y 31 mil rapiñas, cuando en el período de la crisis del 2002 eran 10 mil.

Al producirse la alternancia, la Coalición encaró el tema con determinación y el Ministro Jorge Larrañaga, abanderó una reacción del Estado de Derecho frente al delito. Y decimos enfáticamente "Estado de Derecho versus delito" porque esa es la dicotomia esencial. Aquí no hay debate de garantistas contra autoritarios ni de preventistas contra represivos. Nuestra legislación es garantista y lo sigue siendo, garantista de que el acusasdo será tratado conforme a la ley, pero sobre todo garantista de los derechos de la gente, que es lo que también importa. Y preventista siempre, porque toda política de seguridad empieza en la prevención y el mayor esfuerzo de este año y medio de gobierno es justamente ese, con una policía más presente, un patrullaje mayor, una cercanía constante a las situaciones de riesgo.

Los primeros resultados se han obtenido. Por lo menos se cortó el avance del delito. La persecución del narcotráfico, sin duda viene siendo exitosa. Naturalmente, esto debe evaluarse en una perspectiva más amplia de tiempo, pero lo que nadie discute es que la policía está mucho más activa y determinada y que ello es la resultancia de una legislación que protegió al funcionario y de un Ministro que luchó con denuedo hasta su muerte.

¿Alguien piensa lo que, anímicamente, le ocurriría a esa policía si se deroga la ley y pierde la razonable presunción de que actuó dentro de las normas, salvo prueba en contrario? ¿Volvemos a que el policía y el delincuente, despues de un tiroteo, entren al Juzgado en la misma calidad de sospechosos?

Estos días se han aferrado a la situación particular de una mujer que pretendió ingresar marihuana a una cárcel y ahora puede ser condenada a cuatro años. Es triste, sin duda. Pero esa pena mínima de 4 años estuvo siempre para el que pretendiera introducir droga en una escuela o una cárcel. Esa pena había sido aumentada en el tiempo del Frente. Lo único que se pretende ahora es aplicarla.

Ni hablemos de lo que representa retornar, en la ANEP, a la vieja estructura, controlada por las reaccionarias agremiaciones que pretenden adoctrinar en lugar de educar, militar en lugar de informar. Siguen defendiendo a los profesores que hicieron propaganda adentro de los liceos, han quedado al desnudo con sus falsificaciones de horas realizadas por los dirigentes, las propias actas del Consejo de Secundaria muestran la subordinación de esos órganos a la presión sindical. Dicho de otro modo: la derogación de la LUC significaría clausurar toda posibilidad de cambio, retornar a la rutina y volver a la politización desenfadada.

Podemos seguir, señalando aspectos fundamentales de esta gran ley, francamente positiva para el país. Pero en un plano político más amplio está claro que lo que se procura, además de los retrocesos específicos, es infringirle una derrota al gobierno de coalición. Paralizarlo. Poner marcha atrás. Tomar revancha. Y esto impone a toda la ciudadania democrática, un profundo deber de conciencia. Aun quienes votaron al Frente podrían entender que esto es desconocer el voto popular que, aunque no les alegre, es lo que resolvieron las urnas; que no se puede atar de pies y manos a un gobierno porque no sea de su preferencia. No dudamos que haya buenos ciudadanos que así piensen. Pero el mayor deber lo tenemos quienes votamos una coalición para adelantar un cambio en el país, que ya comenzó y no se puede detener.

Votar el NO va a ser un mandato cívico. Tan claro y fuerte como el de 1980.