Peor que con los marines: los cipayos nos gobiernan

Por Santiago Torres

Haciéndole el mandado a los poderosos del mundo, el frenteamplismo gobernante se apresta a destruir el derecho a la privacidad de los uruguayos y de quienes han confiado en el apego del país a los principios generales del Derecho.

El Frente Amplio se apresta a darle un “golpe casi mortal” al secreto bancario. Como el lector ya sabrá, el Poder Ejecutivo envió en estos días al Parlamento un proyecto que determina los siguientes cambios en materia de información bancaria:

- Los bancos e instituciones financieras en general estarán obligados a informar anualmente a la DGI los saldos en las cuentas de personas físicas o jurídicas, residentes o no residentes, así como las rentas que de éstas devengan. Y a estos efectos no regirá ya ni el secreto bancario, ni el bursátil, ni ninguna norma de protección de datos personales. Los obligados a informar a DGI serán, como ya se dijo, los bancos pero también los administradores de fideicomisos, de fondos de inversión y las compañías aseguradoras para casos de renta vitalicia o de ahorro individual.

- El titular de cada cuenta deberá identificar su domicilio fiscal.

- El beneficiario de cada cuenta —que puede ser diferente al titular— deberá ser plenamente identificado cuando se considere que éste es de “alto riesgo” fiscal.

- Ahora será la DGI el organismo encargado de fiscalizar a las entidades financieras en la materia prevista en el proyecto.

En sus puntos más gruesos, significa que los uruguayos que tengamos cuentas bancarias o ahorros de cualquier tipo (y quienes trabajamos en blanco hemos sido forzados a ello “gracias” a esa ley engañosamente denominada “de inclusión financiera”) habremos perdido el derecho a la intimidad. Una vez aprobada la ley —cosa que descuento—, el Estado se habrá autoarrogado el derecho de meter su moquienta nariz en nuestro dinero. Es cierto que el proyecto faculta (“podrá”) a excluir de los controles a aquellas cuentas que “por su naturaleza o por su monto” no sean de “riesgo fiscal” (?), pero esa es una opción que se autoasigna el Estado y que mañana podrá cambiar con apenas una mera reglamentación administrativa. Ni ley, ni juez: sólo un burócrata.

Pero no sólo eso: nuestro Estado también hará de buchón gratuito de terceros países que se lo requieran y así se ha obligado alegremente. Efectivamente —y de ello deriva este asalto contra la privacidad—, en junio pasado y a instancias de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el gobierno uruguayo firmó la Convención Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal. La misma obliga a la DGI a cooperar con los fiscos extranjeros. Y todo nace en aquella denuncia que Sarkozy, merced a los buenos oficios de nuestra “amiga” Cristina, nos plantara en el llamado Grupo de los 20, más conocido como G-20, en noviembre de 2011.

Ahora bien, yo me pregunto lo siguiente: ¿qué autoridad tienen el G-20 y la OCDE sobre Uruguay? Jurídicamente, está claro que ninguna. El G-20 es apenas un foro de discusión económica que Uruguay, por añadidura, no integra. Y la OCDE sí es un organismo multilateral pero Uruguay tampoco lo integra, ni plena ni parcialmente. Ni siquiera pidió entrar. Pero así y todo, su largo brazo nos toma por el cogote y nos obliga a sacrificar una tradición histórica de respeto a los derechos individuales en el altar de la voracidad fiscal primermundista.

Una vez aprobada la ley, no habrá juez alguno que pueda ampararnos en nuestro derecho a la intimidad. Un mero empleado administrativo husmeará y dispondrá de información que no es del Estado sino nuestra, de las personas. Bueno, en realidad pasaremos sí a ser propiedad del Estado, no ya ciudadanos, porque el Estado dispondrá a discreción de cuestiones que hacen a nuestra persona.

¿Y dónde está el indignado clamor por esta violación flagrante al derecho a la privacidad que se está a punto de consumar? No lo advierto en casi ningún lado. Al contrario, parece que nos hubieran anestesiado. Hemos asumido con naturalidad que el Estado pueda vejarnos con impudicia.

Salvo algunos pocos tributaristas, una pléyade de prestigiosos abogados nos explican que no hay nada que hacer salvo allanarse, que las cosas son así, que se trata de un estándar internacional y, en tren de proporcionarnos la morfina para que nos duela menos, ni se les ocurre rozar la dimensión filosófica de la serie de atentados que los gobiernos vienen perpetrando contra las personas. Parecen decirnos: “¿Qué le vas a hacer? La vida es injusta...”.

En esta modernidad líquida que vivimos, hemos puesto de cabeza las cosas. Los Estados, a la par que se tornan cada vez más opacos y disminuyen su “accountability”, nos exigen quedar desnudos. Los mandatarios se tornan dueños de sus mandantes. Y sí —en eso tienen razón los que hablan por estos días—, se trata de algo que ocurre a escala global. El “globalismo”, que es diferente a la sana globalización derivada de una mayor libertad de intercambio de bienes y servicios entre las personas, pretende instalar el principio de gobierno sin representación. O sea, un régimen de coloniaje, por el que las jurisdicciones más poderosas establecen su señorío sobre las más débiles y, a través de éstas, sobre los habitantes de las mismas. En mi libro, eso se llama colonialismo. Y opera de peor forma que en los tiempos del “big stick” de Teodoro Roosvelt y de las invasiones imperiales de los infantes de marina de EEUU. El “big stick”, en su grosería, no pretendía introducir ningún cambio cultural sino depredar. No tenía el cinismo de pretender convencer. Este neo-colonialismo sí aspira a ello y —lo admito con dolor— parece estar teniendo éxito en la empresa.

No sé si Uruguay —pequeño país cuya única defensa siempre fue el Derecho— podría “hacer algo” para defender su soberanía y, con ésta, la soberanía personal de sus habitantes. Tal vez no. Pero me indigna hasta la exasperación que sus gobernantes asuman el rol de gobernadores coloniales de sus conciudadanos con alborozo y arrojando fuegos artificiales. Me recuerdan al “¡Vivan las cadenas!” de los absolutistas españoles de 1814. ¡Y encima se proclaman antimperialistas! Los cipayos se travisten de próceres de la Patria y con desparpajo reclaman nuestro aplauso.

¿Y la oposición? ¿Votarán ellos también a tapas cerradas este engendro, escudados en que “es un estándar internacional” (que ninguna autoridad de derecho estableció) y que “hay que ser realistas” o, cuando menos, intentarán alguna defensa de las más honrosas tradiciones uruguayas? ¿Ni siquiera una protesta van a elevar? Aún no pierdo las esperanzas.

En momentos en que el Estado uruguayo —haciendo mandados ajenos— se dispone gozosamente a someternos pornográficamente, le recuerdo a mis compatriotas aquello de que “nada podemos esperar sino de nosotros mismos”.



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