Nuestro país está lleno de ruidos. Muchos de ellos, ecos de un pasado que nos persigue. El recuerdo es inevitable y, en cierto sentido, deseable. Lo malo es que se renuevan pasiones, confunden a los jóvenes y no dejan escuchar la música de este nuevo tiempo que se nos vino encima. Si fue cierto cuando Paul Valéry dijo "el futuro no es lo que era", allá en la primera mitad del siglo pasado, hoy lo es más que nunca, dada la vertiginosa velocidad de los cambios que se experimentan. Por si faltaba poco, esta pandemia ha postergado el esfuerzo de reequilibrar cuentas y ambientar imprescindibles cambios estructurales, de un modo tal que -según las estimaciones oficiales- si todo va bien, recién dentro de cuatro años estaremos recuperando el PBI de 2019.

Por supuesto, la oposición frentista, que no asume su derrota y vive un clima de alocadas pasiones personales, es parte de esos ruidos. Oírlos reclamar gastos y más gastos cuando dejaron un agujero presupuestal del orden 2.600 millones de dólares, un endeudamiento tres veces mayor del que recibieron, una desocupación en el 10% y una inflación de nuevo golpeando los dos dígitos, es algo surrealisa. Responde a su vieja visión de que dinero es resultado, cuando despilfarraron la mayor bonanza histórica de precios internacionales y entregaron un país en decadencia, porque si la educación y la seguridad ciudadana han fracasado, la sociedad está en crisis. Al mismo tiempo, estos días se abrazan desesperadamente a sus fantasmas y salen a agraviar a los partidos de la coalición multicolor, cuando ha quedado claro, en la perspectiva de una larga década, que su constante propaganda de buscar verdades en el pasado dictatorial era una farsa, tanto que en 2006, como en 2019, encubrieron la denuncia de delitos de los que nos enteramos por la prensa. Todo son insultos, vergonzantes insultos hijos de una mala conciencia.

Ahora el país tiene que salir de esta situación económica y social, que en parte heredó y en parte se agravó por la paralización de la pandemia. Será un esfuerzo tremendo, en un mundo muy difícil. No estamos ante una crisis como 2002, que fue bancaria y regional. Ahora es universal y afecta a toda la sociedad. En aquel momento, se hizo lo que había que hacer en lo económico-financiero y, al año siguiente, se comenzó de nuevo a crecer. Ahora, la situación es harto compleja. La economía brasileña terminará este año con una caída cercana al 6% de su PBI. Argentina, mucho peor, se estima en un 13%. La producción mundial se calcula que está en una caída del orden del 5% y la propia China, nuestro principal socio comercial, apenas mantendrá el equilibrio, lejos de su crecimiento de estos años. O sea que un país que depende de las exportaciones, se encontrará con un mundo en recesión.

¿Es posible recuperar los 50 mil puestos de trabajo que perdimos en este último período de gobierno? Cuantitativamente, es posible, pero cualitativamente ya no será lo mismo. Porque la pandemia nos cambió muchas cosas. Se instaló el teletrabajo, las empresas reajustan sus plantillas y procedimientos a este mundo mucho más difícil. La digitalización de la economía se ha acelerado vertiginosamente. Basta mirar el mundo. Las empresas tecnológicas valen hoy más que nunca. En Argentina la empresa de mayor cotización es Mercado Libre, lejos de sus clásicos rubros de producción. Tiene 10 mil empleados y ya supera los 1.000 entre nosotros.

Nuestro mundo sindical tiene que entender este proceso. No lo niega, por supuesto, porque sus dirigentes son inteligentes, pero luego no asumen cabalmente sus consecuencias y siguen aferrados a los viejos reflejos. Quizás no puedan cambiar una visión flechada por años de adoctrinamiento.

Todo pasará porque aumente la inversión, la extranjera y la nacional. Y para que esto ocurra hay que ganar confianza. En las instituciones la hay. En nuestra capacidad de adaptarnos al mundo no. Por ejemplo, hoy nos encontramos con una pérdida de ética de trabajo sobrecogedora, que afecta fundamentalmente a los trabajadores del Estado, aunque no exclusivamente. Los servidores del Estado tienen una estabilidad que por cierto los distingue de los privados, cuya inseguridad ha sido acuciante este año y lo seguirá siendo por algún tiempo. Los del Estado son 300 mil personas; los otros, un millón y medio aproximadamente. Y bien: ahora resulta que el nivel de certificaciones de salud ha pasado a ser algo tan impresionante que cuesta creer. Quienes, como partido, construimos el Estado Social uruguayo, fundamos y desarrollamos su sistema de empresas públicas, tenemos más que nadie la responsabilidad de defenderlo de esas prácticas perniciosas. El presupuesto propone una igualación de las certificaciones públicas a las privadas; podrá ser esa fórmula u otra parecida, todas más o menos impopulares, por supuesto, a nivel de los funcionarios, pero imprescindible hasta por el respeto al mismo Estado que, por esta vía, se degrada ante la sociedad.

Es increíble escuchar al exministro Astori, en su estilo habitual de "absolutos", afirmar que es imposible cumplir las metas del gobierno. ¿Él, que las incumplió todas año a año? ¿Él, que prometió "absolutamente" no aumentar impuestos y fue lo primero que hizo? Ahora se ha dicho que no se aumentarían y no se están aumentando, porque hacerlo nos aleja de esa batalla por el empleo que ha pasado a ser prioritaria. Cuanto más impuestos pongamos, cuanto más repartamos dinero improductivo, peor nos irá en materia de empleo y esto es fundamental entenderlo para poder mirar hacia el futuro con esperanza.