En el Uruguay existe una larga y curiosa tradición sindical. Los primeros sindicatos fueron anarquistas, de "resistencia", en tiempos en que de la mano de Batlle y Ordóñez se llevaban adelante reformas sociales pioneras en América Latina.

El reformismo batllista conducía naturalmente a que los sindicatos de raíz democrática nacieran bajo su paraguas protector. Don Pepe, sin embargo, obrerista, reformista, solidarista, era todo un líder de estirpe liberal y por eso mismo postuló que no debía contaminarse el sindicalismo con la política partidaria. A diferencia de los partidos socialistas europeos, Batlle estimaba que la política era el ámbito de los partidos y el debate social el de los sindicatos, división ética de profunda raíz republicana. A esta altura de la historia no me atrevo a definir si tuvo razón o no, pero el hecho fue ese. Batlle alentó al sindicalismo, hasta protegió el ejercicio de sus huelgas, pero como hombre de Estado reivindicó siempre el papel rector de la legalidad republicana y su abstención de toda influencia política.

La historia luego marcó que desde la segunda mitad del siglo XX, el sindicalismo uruguayo haya tenido una fuerte impronta comunista. Por supuesto, hubo grandes dirigentes socialistas como nuestro viejo amigo Pepe D'Elía o frentistas independientes como el hasta hace poco presidente del PIT CNT Fernando Pereira, pero el ritmo lo marcó siempre el comunismo. En su tiempo con Pastorino y hoy con Abdala.

La conducción actualmente es por lo tanto frentista y, por si faltara poco para que quedara establecida la unidad del partido con la fuerza sindical, ahí está la candidatura de Pereira. Por supuesto es un dirigente muy respetable, inteligente y con capacidad de diálogo, pero de lo que no hay duda que es la expresión de esa conmixtión. De a ratos uno piensa que el PIT CNT es el brazo sindical del Frente Amplio y en ocasiones, a la inversa, el Frente Amplio el brazo político de un PIT CNT que marca el rumbo con su capacidad de movilización.

El panorama nacional nos muestra estos días una oleada de paros que no puede dejar de considerarse desde el ángulo político, dada la desproporción entre las causas y las consecuencias.

La refinería de Ancap no se detiene desde 1973, cuando el golpe de Estado. Ahora se paraliza porque se comienza la negociación de un nuevo convenio y se piensa buscar algún socio para las fábricas de portland ya que generan un déficit anual del orden del 60 millones de dólares. No está en juego ningún puesto de trabajo porque cualquiera sea lo que ocurra con el cemento, los trabajadores están garantizados. ¿Tiene sentido, entonces, paralizar la refinería? ¿No se asume que el ente al que dicen defender, ya está perdiendo 600 mil dólares con esta escalada? Una medida extrema, cuando no hay nada grave en juego, cuando son temas que se están discutiendo, desnudan su clara raíz política .

Si nos pasamos a la educación, los paros parciales han menudeado, desde los temas de elección de horas hasta la cuestión, esa sí grave, de que continúa el sumario abierto a los profesores que en San José realizaban actividad proselitista en contra del referéndum planteado en su tiempo por el Dr. Larrañaga. Hasta se fotografiaron con carteles adentro del establecimiento y las imágenes circulaban por las redes. El Estatuto Docente es claro: establece, de precepto, la destitución. El episodio, como decimos, es grave en sí mismo y lo es doblemente cuando la Fenapes, apoyada por el Pit Cnt, se solidariza con los infractores y reivindica violar la Constitución y la ley. Los abogados del Codicen han trabajado con seriedad, dándole todas las garantías a los sumariados, y ya vendrán sus conclusiones. A cuenta, se toma a los estudiantes de rehenes. Como ya pasó en Primaria, cuando no vacilaron en dejar los niños sin comida por reclamaciones de menor porte.

El gremio de los profesores de Secundaria está fuera de sí. Su principal representante va a la Comisión Investigadora que ha probado sus fraudes en las licencias sindicales, hace su discurso y se levanta y se va, negándose a contestar preguntas de los parlamentarios. Hasta reclaman sanciones contra la Senadora Bianchi,porque pidió informes sobre la situación laboral de una dirigente comunista que no hace mucho intentó agraviar nada menos que al Presidente de la República.

El puerto es el otro escenario. En plena crisis mundial de la logística, con buques que escasean y contenedores que faltan, uno de los sindicatos paraliza la actividad de un servicio esencial. En el momento en que empiezan a asomarse los primeros resultados de la recuperación económica, liderada por la exportación, se estrangula la arteria central. Naturalmente, el Ministerio, que no descansa en buscar soluciones, las ha ido parcialmente alcanzando pero está claro que la conflictividad sigue en el horizonte, en oposición al acuerdo que restableció para la empresa concesionaria y socia del Estado la prioridad que arbitrariamente se le había desconocido.

La pobreza insinúa una baja importante (11,2% sobre 11,6% del año pasado), que alcanza 50 mil personas. La tasa de desempleo también vuelve a bajar y registra un guarismo menor que en 2019, el último año de gobierno del Frente Amplio, con 10,5%. Se han recuperado los niveles de empleo del 2019. En ese contexto, es ostensible que la exasperación sindical mira hacia la política, a intentar el desgaste del gobierno, con la mirada puesta en el referéndum de marzo.

No se trata de cazar brujas sino de reconocer los fantasmas que circulan libremente. Sus sábanas blancas se ven por todos los rincones.