En el Hospital Policial no se pueden atender civiles. No lo permite la Ley. Dos jerarcas del gobierno que tuvieron una mínima atención renunciaron dignamente, reconociendo su error. Lejos de ser una debilidad, el hecho representa un punto de quiebre muy importante. Somos diferentes: hoy los jerarcas renuncian, en la era Bonomi, en la que altas jerarquías civiles y sus parejas se atendían en el Hospital Policial, todo se justificaba o se cubría.

Luis Calabria primero y Santiago González después, renunciaron a sus responsabilidades en el Ministerio del Interior tras cometer un error. Se atendieron por pequeñas dolencias en el Hospital Policial, hecho no permitido en la ley 19.924. El Hospital es para atención de los funcionarios policiales y sus familiares directos, no para los cargos de confianza civiles, aunque el Frente Amplio haya hecho abuso de su poder durante 15 años para que jerarquías y sus familiares se atendiesen.

Ambos exjerarcas, que venían llevando a cabo una muy buena gestión, dieron un paso al costado, con dignidad. Tanto es así, que desde el propio sindicato policial, que durante años ha insistido en el tema, se reconoció: "En administraciones anteriores también pasó que se atendieran, en esta en concreto pasó con Santiago González y con Luis Calabria, la diferencia es que ellos tuvieron la delicadeza, por decirlo de una forma, y renunciaron. Cuando se dio en otras oportunidades, no lo hicieron".

Durante años, se supo que Charles Carrera, ex Director General de Secretaria del Ministerio del Interior en los gobiernos frentistas, en complicidad con el exdirector de Asuntos Sociales del Ministerio del Interior, Leonardo Anzalone (en quien recaía la administración del Hospital Policial y terminó procesado por la contratación de su hermana como psicóloga, cuando esta no tenía título habilitante), hizo atender a su esposa en el centro de salud mencionado, inventándole un cargo policial para ello.

La entonces pareja de Carrera fue atendida más de 42 veces en el Hospital Policial siendo ingresada como personal "autorizado" y en el grado "oficial sub ayudante" sin tener relación alguna con el Ministerio del Interior. Según la discriminación de los servicios, publicada por El País, la expareja del frenteamplista asistió al mencionado centro de salud por internación, asistencia de emergencia y retiro de medicamentos, con un gasto que asciende a más de US$ 26.000, un millón de pesos al cambio actual.

Más recientemente se conoció que la diputada frentista Susana Pereyra, viuda de Bonomi, se atendió en forma irregular en el Hospital Policial mientras su esposo fue titular de ese ministerio. La atención se le otorgó por "orden superior" y se prolongó entre 2010 y 2017. En ese período, Pereyra recibió atención en más de 20 ocasiones en especialidades como ginecología, cardiología, medicina general, diabetología, gastroenterología, traumatología, nutrición, anestesiología, neurología, emergencia e incluso internación en CTI, junto a diversos exámenes de laboratorio.

Aunque algunos legisladores frentistas, que curiosamente comparten sector con Carrera y Pereyra, tengan el tupé de decir que al gobierno "le salió el tiro por la culata", debido a la renuncia de los dos jerarcas nacionalistas, la investigadora parlamentaria que analiza la situación de los legisladores mujiquistas sigue adelante. A diferencia de los jerarcas del gobierno, tanto Carrera como Pereyra siguen en sus bancas parlamentarias, actuando con cinismo ante la situación.

En fin, lo del título...