Es muy raro que un hecho legal, indiscutiblemente regular, pueda generar una crisis que se lleve a cinco jerarcas de primera línea, que venían cumpliendo relevantes gestiones. Si ese hecho administrativamente correcto (esto nadie lo discute) es, además, el simple otorgamiento de un pasaporte, resulta aún más paradójico. Pero eso es lo que ocurrió en este episodio de noviembre de 2021, que termina generando dos años después un terremoto político.

Estamos hablando de un pasaporte pedido el 20 de octubre de 2021 y otorgado el 25 de noviembre, no en el día como se dice y se repite. No había requisitoria uruguaya ni de Interpol. Por el decreto vigente, la Cancillería estaba obligada a otorgar el documento, simplemente porque ese ciudadano uruguayo tenía el derecho a recibirlo. Es parte de sus títulos de identidad. Tan claro como eso.

No tiene nada que ver la apreciación de que podría habérsele dado un documento de viaje, cuando está claro que eso es para personas expulsadas de un país y obligadas a retornar al de origen.

En todo caso, se acumularon confusiones. Si el pasaporte lo debía expedir el Ministerio del Interior o el de Relaciones Exteriores, si la autoridad estaba obligada o no a expedirlo, si los Subsecretarios estaban informados, si intercambiaron chats entre ellos, si cada uno puede o no borrar el chat propio, si romper una protocolización integra o no el expediente... si... si...

Con el diario del lunes, está claro que la información pública fue confusa y que mediaron contradicciones entre los actores y ello significó su responsabilidad política. El gobierno procedió correctamente, con dolor personal del Presidente seguramente, pero con el rigor imprescindible dada la situación. No había otro modo de saldar el conflicto político. Era, por otra parte, lo que reclamaba una oposición, que ahora tampoco se da por satisfecha y trata de explotar aviesamente el episodio.

El Frente Amplio, que cuando fue gobierno ocurrió que un probado jefe mafioso italiano, Morabito, que estaba preso aquí, se fue caminando de la cárcel sin que Ministro alguno se hiciera responsable, grita ahora cuando el gobierno actúa con un rigor político por ellos desconocido.

Se habla maliciosamente de corrupción, cuando no hay el menor atisbo de ella. ¿Alguien hizo algo ilegal a cambio de una compensación, un beneficio del tipo que sea? ¿Hay alguna sospecha? Ninguna. El contacto con el abogado del involucrado no pasó de una pequeña reunión de pocos minutos con la Subsecretaria. La oposición está abusando de su condición, como lo hizo el lunes pasado en ocasión de la inauguración del Hospital del Cerro, en que una patota embanderada con el Frente Amplio protagonizó una irrupción violenta en un acto de celebración. Estuvimos allí y realmente fue entristecedor. El edificio inaugurado es magnífico, llena una necesidad histórica del Oeste de Montevideo, había una multitud acompañando... En ese contexto irrumpe el insulto, la prepotencia, la injerencia patotera hasta con los periodistas. No hemos oído ningún pedido de disculpas del locuaz portavoz del Frente Amplio. No nos llama la atención, porque para ellos tirar una bomba de humo en un acto oficial no es violencia y poner pancartas proselitistas en un liceo no agrede la laicidad. Naturalmente, no debemos dejarnos arrastrar por esa intolerancia con otra de signo contrario, pero no por eso debe dejarse pasar en silencio el atropello.

Así como el tema político está laudado, transcurre todavía un procedimiento fiscal. Desgraciadamente, hoy, en ese terreno ya no media más el clásico "secreto del presumario" que durante años permitió que la Justicia actuara en un clima sereno. Todo sale a luz instantemente, en crudo, para ser materia prima de crónicas en las que, aun sin proponérselo el periodista, se absuelve y condena por la sola publicidad. Esperamos un procedimiento serio e imparcial. En lo personal decimos que no se ha dañado el patrimonio del Estado como fue común en los últimos años, sin sanción a la vista. Informar bien o mal, discrepar unos jerarcas, cometer eventuales errores o contradicciones podrá merecer cuestionamientos políticos pero no otra cosa, sobre todo cuando, repetimos, en el origen de todo este trajinar se trató de un acto legítimo.

Realmente lamentamos esta ocurrencia que bien puede calificarse de un daño autoinfligido por el gobierno. El error no forzado del que hablan los aficionados al tenis. Es un tropezón indudable, grave en cuanto a las consecuencias y magnificado hasta el delirio por quienes insinuaban, e insinúan, afectaciones institucionales. Para nosotros, como miembros de la coalición, es un desafío más a superar. Un llamado a redoblar el esfuerzo para continuar la acción reformadora de este gobierno, que atravesó pandemias y guerras, con equilibrio, recuperando salario real, aumentando empleo, bajando el peor de los impuestos que es la inflación, incluso emprendiendo imprescindibles reformas de fondo en prioridades nacionales como la seguridad social o la educación.

Historias del pasado no pueden comprometer el futuro.