En un plano más general hay que señalar que esta pretendida derogación es profundamente regresiva.

Para empezar se deroga todo el capitulo de seguridad ciudadana. Cuando la policía hace un gigantesco esfuerzo para contener la ola delictiva que se configuró en los 15 años frentistas, se propone eliminar las herramientas jurídicas dedicadas a proteger su accionar. Se deroga la presunción de que la policía actúa legítimamente, se derogan los delitos de agresión a la policía, las normas de la actuación de policías retirados; en una palaba, intentar el desaliento de los servidores del orden público.

Se pretende derogar también la regla fiscal. Esto fue una de las pocas propuestas que hizo el Frente Amplio al PIT CNT, alegando que no es necesaria, porque existen otros mecanismos para salvaguardar el equilibrio de las finanzas. Esto podrá ser verdad, pero si es así, ¿porque liberar al Estado de un compromiso bienvenido, como es el de acotar sus déficit? Lo de siempre del Frente Amplio: gastemos y gastemos...

El capítulo de educación también les molesta y se pretende tirarlo abajo. Una arquitectura institucional ineficaz se reordena para intentar el cumplimiento de metas fijadas en un Plan Nacional. Montado encima del formidable fracaso de su política, el Frente Amplio y el sindicalismo tratan de bloquear un intento serio por mejorar una situación insostenible.

Por supuesto, impugnan con furia la norma que procura frenar las ocupaciones de empresas, que siempre consideraron que estaba comprendida en el derecho de huelga, pese a que la OIT controvirtió siempre, con lógica, ese criterio. Primero porque no se puede negar al empresario su acceso a la institución de su propiedad, imprescindible incluso para mantenerla viva, aun en medio de un conflicto. Segundo, porque es el único modo de respetar la libertad del trabajador que desea cumplir su tarea y no tiene por qué someterse a una decisión sindical que se proyecta sobre su vida y libertad. Este es un punto fundamental en términos de democracia.

Lo mismo podemos decir, con mayor generalidad aún, que se intenta derogar las normas prohibitivas de los piquetes que impiden la libre circulación de los ciudadanos. O sea, viva la prepotencia callejera...

También intentan la caída de la llamada "portabilidad numérica", o sea, el derecho del usuario de un teléfono celular de cambiar de compañía preservando su número. Este intento parte de el sindicato de ANTEL, que presume que esto dañará a la empresa estatal cuando nada lo hace suponer. Simplemente, es el ejercicio de un derecho ciudadano, que si desea cambiar su prestador de servicio no tiene el freno indudable que representa cambiar de número y desconectarse así de la gente con que está relacionada. Esto es muy importante en el mundo comercial y laboral, especialmente para quienes trabajan con clientela propia y les resulta dificultoso recuperar su lista de vínculos.

También se derogan los artículos referidos al precio de los combustibles, uno de los puntos en que hubo más estudio. Como se recordará, el Poder Ejecutivo proponía la liberalización del mercado, disponiendo la libertad de importación. El Partido Colorado consideró que de un día para el otro era imposible reorganizar a Ancap y a todas las cadenas de producción, comercialización y distribución, sin generar una serie de daños. Por supuesto, se compartía el objetivo fundamental de lograr una mejoría de los precios de los combustibles y que se superan las ineficiencias o distorsiones que hoy recaían sobre Ancap (por ejemplo, subsidiar el transporte de Montevideo). Luego de muchas tratativas, los legisladores de la coalición llegaron a un acuerdo, entre ellos y los del Frente Amplio, para una solución intermedia que, para empezar, le impone a Ancap, cada vez que fije un precio, tomar en cuenta el precio de paridad de importación que, a su vez, debe publicar el órgano regulador, o sea, la URSEA. A la vez, se crea una comisión de expertos para que asesore al Poder Ejecutivo y en 180 días le permita hacer una propuesta sobre los diversos aspectos del tema, apuntando naturalmente a mejorar los precios y no imponer a la producción nacional una desventaja frente a los competidores.

Pues bien, pese a que el Frente Amplio votó estos artículos luego de esa negociación, ahora irá a juntar firmas en su contra. Un mamarracho. Pero lo peor es que asume como inevitable la situación actual y cree que no se puede hacer nada para mejorarla. Por supuesto, nadie pretende destruir a Ancap si no, simplemente, ponerla en condiciones para proveer al país de combustibles a un precio razonable. Habida cuenta, además, que existen impuestos muy importantes, que deben tomarse en cuenta.

Lo mismo pasa con las normas sobre la Comisión Coordinadora de la Educación, que votó el Frente Amplio y ahora se las impugna.

O sea que, en un intento irracional de ejercicio opositor, el Frente Amplio se subordina al PIT CNT, y se lanzan contra una ley que atiende aspectos fundamentales del interés nacional. Todo se basa en eslóganes sin fundamento, como la vieja monserga de luchar contra un "neoliberalismo" inexistente, como si estuviéramos proponiendo vender la UTE o la Antel. Del mismo modo que se habla de "privatizar" la educación pública, sin que pueda encontrarse norma alguna que pretenda debilitar un sistema público de educación que es el resultado de una histórica y orgullosa construcción nacional en que el Partido Colorado fue la vanguardia. La misma barbaridad nos decían cuando en 1995 hicimos la mayor reforma en medio siglo y reforzamos sustantivamente la educación pública, con extensión de los preescolares, los CERP, las escuelas de tiempo completo y los bachilleratos tecnológicos, entre otras cosas de notable resultado.

Realmente nos da pena que todavía se caiga en estos simplismos irracionales cuando el mundo nos está desafiando con un verdadero cambio civilizatorio representado cabalmente por la nueva sociedad digital. Eslóganes con olor a naftalina nos alejan de lo que debiera ser un esfuerzo de colaboración nacional para poner al país a la altura de estos tiempos acuciantes y salvar el empleo -en peligro- de media población.