Correo de los Viernes - Una cuestión de Estado

Una cuestión de Estado

Por Julio María Sanguinetti

El conflicto que ha enfrentado a los tamberos con el sindicato de Conaprole es un episodio de real trascendencia para el futuro del país. No es un mero episodio de los tantos de la vida de relación entre capital y trabajo. Es una especie de batalla entre la democracia liberal, basada en el voto ciudadano, y el corporativismo socialista, en que las agrupaciones sindicales ejercen parte del poder público.

Partamos de la base de que la lechería es un legítimo orgullo nacional. Producción tradicional, pensada para el mercado local, en 40 años de esfuerzo logró ser una notable industria de exportación, que el año pasado vendió por más de 500 millones de dólares, el 8% del total, cuarto rubro. Esos productos representan el 70% de la leche producida en el Uruguay. Se trata, entonces, de industrias que tienen que competir en el mundo con potencias, algunas de las cuales (como Nueva Zelanda) están cerca de China y entran allí sin aranceles, que en cambio nosotros tenemos que pagar. Se ha perdido el mercado venezolano, pero se compite en Brasil, Argelia, Rusia y México, entre otros. En este difícil mercado internacional, no hay excusas: hay que cumplir en tiempo y calidad, de un modo estricto, mientras se batalla con los elevados costos internos de nuestro país.

Otro capítulo es el esfuerzo sacrificado de los tamberos. Día tras día. No hay 1º de enero ni 18 de julio. A las vacas hay que ordeñarlas igual. Llueva o truene. Difícil encontrar una actividad más esclavizadora. Y como se ha dado a conocer estos días, 1.000 tamberos, que remiten a Conaprole y son más o menos la mitad del total, perciben 30 mil pesos al mes de promedio, para mantenerse ellos, las vacas y el establecimiento… Mientras, los trabajadores de Conaprole tienen un sueldo promedio superior a los 50 mil pesos (lo que no estaría mal si no fuera una injusticia).

El hecho es que esta industria, que creció con un enorme esfuerzo, con el liderazgo indiscutible de Conaprole, pero también un apoyo razonable del Estado, hoy está en crisis y no se asume la real significación de lo que ocurre.

Los inversores extranjeros, que en algún momento llegaron atraídos por la estabilidad política, la presunta seguridad jurídica del país y las condiciones para esa producción, se han ido yendo. Primero fue Schreiber Foods, después Parmalat, más tarde los peruanos de Gloria, que no ocultaron su fatiga frente a la constante conflictividad gremial. Ahora han empezado a caer las empresas uruguayas. Son notorias las dificultades de Calcar, Coleme y Claldy, mientras Pili vive una situación crítica, bastante más compleja, por una inversión enorme, alentada por el gobierno en los tiempos de crédito fácil y Venezuela gloriosa, que hace ahora muy difícil su futuro si el Estado no asume la gigantesca pérdida.

En todo este periplo tan largo, hay un incuestionable ingrediente de intolerancia sindical. No se termina de entender que las industrias de exportación no pueden vivir con el Jesús en la boca, porque no saben cuándo podrán o no trabajar normalmente, mientras batallan con los costos internos imposibles de trasladar al precio exterior.

La necesaria e imprescindible actividad sindical, amparada por la Constitución, no puede transformarse en el impedimento para el ejercicio de todos los otros derechos, que van desde la propiedad hasta la libertad de comercio.

Algo parecido —aunque puntual porque es una industria en general con mejor situación— ha ocurrido en el Frigorífico Las Moras, donde el sindicato de la rama acordó condiciones, pero el sindicato de la empresa resolvió desconocer todo acuerdo, ocupar la planta, poner en riesgo negocios contraídos y violar abiertamente la legalidad. La propia OIT no reconoce que la ocupación sea una prolongación del derecho de huelga, pero en el Uruguay de hoy hay que recurrir a la Justicia, con todo lo que supone de problemas y demoras.

El tema de la lechería es realmente grave. Hace pocos días, los productores de Florida celebraron con alegría los 30 años de la entrega por el Estado de campos de recría que han sido fundamentales para su desarrollo. Es simplemente un testimonio de lo que ha sido la cooperación del Estado en ese sector. Desgraciadamente, vivimos ahora la situación opuesta: el gobierno ha mirado con indiferencia el retiro de las empresas extranjeras, atiende la crisis de las uruguayas con paliativos circunstanciales y no asume que se está ante una situación de enorme gravedad, que pasa por las condiciones económicas, pero que termina en esta situación que hace a las bases fundamentales del desarrollo del país.

El sindicato de Conaprole parece actuar con la mentalidad de que su empresa, formidable cooperativa, es insumergible y que no importan los costos. La sienten como una empresa del Estado, aunque no lo es.

La cuestión es más amplia que Pili y que el entredicho de Conaprole, que en algún momento se resolverá. El desafío es cómo se puede encarar la proyección del país hacia el exterior cuando el Estado, que se supone árbitro equilibrado de los conflictos sociales, no asume su responsabilidad con imparcialidad. Cuando deja cometer estos abusos y tampoco pone su rueda auxiliar para que la industria supere el mal momento y siga transitando con él éxito ganado a esfuerzo.