La Fiscalía solicitó la imputación -por el delito de atentado especialmente agravado- del presidente de la Federación de Funcionarios de OSE, Federico Kreimerman, que reconoció haber prendido una bomba de humo en el edificio de OSE -en los alrededores se encendieron más de 30- donde se encontraban trabajando 800 personas. Lejos de arrepentirse, Kreimerman aseguró que "era necesario llamar la atención", mientras que el PIT-CNT considera "peligroso" el pedido de la fiscal por constituir un "claro ataque a libertades sindicales". ¿De qué libertades hablan?

El pasado 13 de junio, cuando el directorio de OSE cerró el período de recepción de ofertas para la licitación de la construcción de la planta de Arazatí en San José, el presidente de la Federación de Funcionarios de OSE (FFOSE), Federico Kreimerman, junto a otros sindicalistas, prendieron más de 30 bombas de humo en el interior y en los alrededores de la sede de OSE. Sin el voto del director frentista, las autoridades del Ente dispusieron una investigación administrativa y luego trasladaron sus actuaciones a la Fiscalía.

El miércoles, la fiscal de Flagrancia, Gabriela Fossati, pidió la imputación de Kreimerman por el delito de atentado especialmente agravado. De acuerdo al vocero de Fiscalía, Javier Benech, Kreimerman reconoció ante la fiscal que fue él quién prendió la bomba de humo con el objetivo de interrumpir la licitación del proyecto Arazatí.

Esa jornada, en la puerta de la sede de OSE, se produjo un enfrentamiento entre el sindicato, y la Policía, que estaba presente para impedir que los manifestantes ocuparan ilegalmente el edificio. El periodístico Santo y Seña accedió la grabación de una cámara de seguridad en que se puede apreciar claramente como Kreimerman (lo revela su vestimenta), coloca una bomba de humo en un pasillo interior, pegado a una puerta de ingreso.

Tras la polémica, un descarado Kreimerman afirmó, entrevistado en el programa Desayunos Informales, que todo lo que se pudo ver en el mencionado medio es responsabilidad del sindicato, y que no se arrepienten de su proceder, todo lo contrario, lo reafirman con orgullo:

"La movilización al edificio central de OSE fue una decisión del sindicato, con la intención de llegar al directorio previo a que abrieran los pliegos. Ese día hubo como 30 bombas de humo, se ve que esa fue la única que quedó filmada por cámaras de seguridad o la única que permite generar polémica. Pero eso fue también una decisión del sindicato", aseguró desafiante.

Esa misma actitud se reiteró tras el pedido de imputación. "Nosotros mantenemos que era necesario llamar la atención", proclamó el presidente de FFOSE en una conferencia de prensa, desestimando el pedido de la fiscal y minimizando la situación bajo el argumento de que no hubo heridos ni daños materiales. El descaro es tal, que Kreimerman dijo que con sus acciones sólo pretendían instalar un diálogo con las autoridades (¡vaya forma de dialogar!).

El gremialista fue reiterativo en que él no cometió ningún delito ya que no afectó a terceros ni al patrimonio de la empresa. Esta lógica sesgada, que sólo cabe en la mente de la izquierda política y sindical, ignora la peligrosidad intrínseca de manipular artefactos explosivos en un entorno público y las posibles consecuencias graves que podrían haber ocurrido. Bajo esa premisa, cualquier ciudadano podría salir a propinar disparos al aire, siempre y cuando no mate a nadie ni dañe la propiedad de un tercero.

El descaro alcanzó nuevas alturas cuando el sindicalista afirmó que el principal problema radica en la "judicialización de la acción sindical". Es difícil entender cómo las acciones de FFOSE pueden ser enmarcadas en una legítima acción sindical. Como no podía ser de otra manera, el Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT, respaldó al titular de FFOSE y emitió una declaración en la que repite la argumentación mencionada.

"Creemos que no se puede calificar de ‘atentado' una acción que no puso en peligro a ninguna persona ni causó daño patrimonial a la empresa pública", afirma el escrito divulgado por la central. Además, sostienen que abogan por una "solución justa y pacífica" en este tema, ya que considera "muy negativa y peligrosa" la "judicialización de la protesta sindical".

Parece que tanto FFOSE como PIT-CNT están decididos a ignorar por completo la naturaleza ilegal y peligrosa de la acción en favor de proteger la imagen de sus líderes y la supuesta legitimidad de sus demandas. El hecho ocurre, además, en un contexto de radicalización sindical, con reiteradas ocupaciones ilegales de lugares de trabajo, ataques físicos e insultos a obreros de la construcción, detenciones en el Puerto, problemas serios en Ancap, entre muchos otros lamentables ejemplos.

La utilización de la violencia como herramienta de presión y el intento de justificarla bajo el manto de las libertades sindicales sienta precedentes lamentables y nos remonta a tiempos oscuros. Como ya hemos dicho en estas páginas, hay quienes todavía no aprendieron las lecciones del 73...